Una nueva situación de extrema gravedad en relación con el conflicto armado y sus consecuencias volvieron a advertir las autoridades relacionadas con el departamento del Chocó, uno de los territorios del país con mayor confluencia de grupos ilegales como la guerrilla del ELN, el Clan del Golfo e incluso las disidencias de las Farc.
Recientemente la Defensoría del Pueblo reveló que este departamento del noroccidente colombiano presenta los mayores registros de casos de confinamiento por cuenta de amenazas y enfrentamientos entre estos bandos armados que también incluyen las acciones de la fuerza pública para recuperar la tranquilidad y seguridad en las poblaciones.
Según la entidad, en lo corrido del 2023 en Chocó ya se han presentado 70 eventos de los 89 casos de confinamiento que se cuentan en todo el país; es decir, que representa el 79% del total de este tipo de vulneraciones a los derechos humanos de las comunidades.
Otros departamentos con presencia de grupos armados ilegales, que registran este tipo de situaciones son Arauca y Cauca, con seis eventos cada uno; Valle del Cauca, cinco, y Nariño, dos.
“Es urgente advertir que las comunidades prefieren confinarse a desplazarse, y la razón es que la atención de emergencia que brinda el Estado no es buena y no se entrega de manera oportuna”, explicó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, durante la presentación en Quibdó del informe ‘El Estado de la Movilidad Humana Forzada 2022′, un documento que detalla el número y la localización de los confinamientos, los desplazamientos y riesgos.
Y es que el flagelo del confinamiento, donde los habitantes de diferentes poblaciones ven vulnerados algunos de sus derechos como a la libre movilidad y tras la educación, el trabajo o la alimentación, según las estadísticas sigue siendo una constante durante por lo menos los últimos dos años.
Mientras en 2022, de acuerdo con la Defensoría, se presentaron 92 eventos entre el primero de enero y el 20 de junio, en el mismo periodo del 2023 se registraron 89. En lo que va corrido de este año, se han confinado 103 comunidades, equivalentes a 5.825 familias.
Las principales causas de esta situación sigue siendo reiterada y está relacionada principalmente con el aumento de la presencia de grupos armados ilegales, con 47 casos; posteriormente se encuentran los enfrentamientos (32), las amenazas (7) y otro más provocado por un paro armado.
“Estas son las cifras frías que debemos entregar y con las que esperamos llamar la atención de las autoridades del Estado para no permitir que eventos como el confinamiento se vuelvan paisaje, sin que el Estado atienda de manera oportuna y eficaz las vulneraciones contra las comunidades”, indicó Camargo.
La situación también afecta a dirigentes
La presión y el accionar de los grupos armados no solo se percibe en las comunidades, las intimidaciones incluso han llegado a las autoridades civiles de diferentes municipios del país, algo desvela un panorama complejo de cara a las próximas elecciones regionales de octubre.
Hace pocas semanas la misma Defensoría aseguró que 12 alcaldes del país despachan por fuera de sus territorios por miedo y seguridad tras recibir amenazas de grupos ilegales. Entre las localidades afectadas están: Puerto Guzmán (Putumayo), Cartagena del Chairá (Caquetá), Magüí Payán (Nariño), Bagadó, Sipí, Río Iró y San José del Palmar (Chocó), El Bagre y Tarazá (Antioquia), Villeta (Cundinamarca), además de Tibú y La Playa (Norte de Santander).
Sin embargo la situación no para allí, pues la misma entidad manifiesta que ha tenido conocimiento de otros casos de funcionarios como personeros, concejales, diputados y presidentes de juntas de acción comunal en la misma situación, lo que representa una verdadera amenaza para el ejercicio de la democracia en Colombia.