La derogación del decreto 1844 de 2018, que facultaba a la Policía Nacional para sancionar con multas a quienes consumían sustancias psicoactivas en espacios públicos (aún la dosis mínima), sigue generando reacciones en todo el país.
La norma, expedida en el gobierno de Iván Duque, prohibía poseer, tener, entregar, distribuir y comercializar drogas o sustancias prohibidas en sitios como parques e instituciones educativas, por eso el temor de que los jíbaros copen nuevamente estos espacios afectando a niños y jóvenes.
La capital vallecaucana no es ajena a este fenómeno de economías ilegales donde la democratización del narcotráfico, tras la caída de los carteles de la droga, dejó el camino expedito para el negocio del microtráfico.
Aunque los datos recolectados por el Observatorio de Seguridad de Cali, en el marco del Comité Interinstitucional de Muertes por Causas Externas (Cimce), señalan que menos del 10 % de los homicidios tienen como causalidad la comercialización de estupefacientes, no obstante reconocen que muertes violentas tipificadas por presuntas venganzas o retaliaciones, entre otros, pueden estar asociadas al microtráfico.
Y advierte, en ese sentido, que las cifras disponibles pueden contener un subregistro, y que solo logran ser establecidas dentro de las investigaciones que adelanta la Fiscalía General de la Nación. “Datos a los que no tiene acceso el Observatorio de Seguridad, por las reservas a la información establecidas por dicha entidad”, dice el documento entregado a El País.
Entre tanto, en el mapa de calor elaborado por el Observatorio se identifican las comunas 15 y 18 como las de mayor problemática, concentrando entre ambas el 25 % del total de los casos de homicidios que tienen como móvil el microtráfico.
Asimismo, los 3 barrios más afectados por este fenómeno son: El Retiro y Mojica (Comuna 15) y Sector Alto de Los Chorros (Comuna 18).
Una aproximación al consumo
La única manera de tener una aproximación al problema del consumo en la ciudad, ante la falta de un diagnóstico real y actualizado, paradójicamente se sustenta en el número de comparendos por consumo o porte de sustancias psicoactivas, impuestos por la Policía.
Comparendos que, cabe aclarar, podrían haber quedado sin piso jurídico o legal tras la sanción del Decreto 2114 de 2023 por parte del presidente Gustavo Petro, el pasado 7 de diciembre.
Y los barrios más afectados por este fenómeno son, en su orden, Antonio Nariño y Mariano Ramos (Comuna 16) y Colseguros (Comuna 10).
De igual forma, entre el 2019 y el 2022 se aplicaron en Cali un total de 78.651 órdenes de comparendo relacionadas con consumo de sustancias psicoactivas en espacio público, siendo precisamente el 2022 con el mayor número de multas impuestas (27.873).
Aunque desde la Policía Metropolitana de Cali no dieron declaraciones sobre cómo se adelantan las operaciones en contra del microtráfico y cómo funciona este negocio en la ciudad, indicaron que este año 23 bandas han sido desarticuladas por estupefacientes, con 219 capturados, a las cuales se les incautó 184.187 gramos. Igualmente, realizaron 585 capturas por estupefacientes (marihuana, base de coca, bazuco, cocaína y heroína), y se incautaron 1.902.108 gramos (casi dos toneladas) en los distintos operativos adelantados en la ciudad.
¿Una discusión política o moral?
Para Juan Manuel Torres, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), este tema tiene mucho de largo como de ancho. “Aquí hay muchas zonas en las que funcionan ollas del microtráfico y hay unos mecanismos de distribución regulados, desde varias regiones del sur, del Pacífico y el norte del Cauca, para el caso de la marihuana, y que se han establecido en barrios ya de manera persistente”.
Insistió en que “todo el mundo sabe dónde están las ollas”, algunas de las cuales venden hasta un millón por minuto.
Frente a la derogación del decreto, Torres dijo que, a todas luces la norma era inconstitucional. “Este decreto nunca debió haber existido y sobre esto hay bastante jurisprudencia”.
Por su parte, Julián Quintero, sociólogo y director – investigador de la Corporación Técnica Social Échele Cabeza, aseguró que “no hay evidencia de que derogar este decreto pueda ir en detrimento de la familia, de la protección de los niños o de la lucha contra el narcotráfico”.
En ese sentido, reiteró de que de lo que “sí hay evidencia es que nunca funcionó porque en ciudades como Bogotá aumentó el consumo de cannabis, en el mismo contexto en que se aplicó este decreto”.
Según Quintero, estos comparendos que “fueron inconstitucionales, terminaron generando más violencia, más tensión y resquebrajando la convivencia porque se prestaron para abusos, extorsiones, maltratos y más torturas para los jóvenes de estrato 1,2 y 3, los cuales se convirtieron, además, en un obstáculo para el ascenso social de los jóvenes”, puntualizó.
Isaac Morales, coordinador de Convivencia y Seguridad de la Fundación Pares, opinó que la decisión del Gobierno nacional busca “tener cierta coherencia con la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Esto ha generado mucha controversia porque se tiene mucha desinformación y descontextualización de lo que significa la dosis mínima en el país, que no se trata de una regularización o de legalizar el consumo, sino simplemente mantener la coherencia entre lo que ha dicho la Corte y la Ley 30 de 1986″, enfatizó Morales.