El artefacto explosivo lanzado contra una ferretería en la madrugada de ayer en Santander de Quilichao no es un hecho aislado. Esa acción temeraria, que no dejó heridos, hace parte de un entramado criminal montado por disidencias de las Farc que tratan de abrirse paso en municipios del norte del Cauca con amenazas, intimidaciones, extorsiones y narcotráfico.
Por ejemplo, este atentado obedece a una acción de intimidación contra el dueño del local comercial que hace dos meses denunció la extorsión por más de $25 millones que grupos armados le exigían para poder seguir trabajando en ese lugar, muy cerca a la terminal de transporte.
“Nos dicen que hace dos meses él puso la denuncia ante la Fiscalía por el cobro de una ‘vacuna’ exigida por personas que se identificaron como disidencias de las Farc”, dijo Viviana Cuchillo, secretaria de Gobierno de Santander de Quilichao.
Ese hecho, según la funcionaria, se suma a las múltiples preocupaciones que por estos días han encendido las alarmas en la ciudadanía.
Y es que no es para menos, de acuerdo con registro de homicidios, en ese municipio se han presentado 63 asesinatos en lo corrido de este año, 15 más que en el mismo periodo de 2018, cuando fueron reportados 48 crímenes.
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“Tenemos un problema complejo con bandas delincuenciales creadas por las disidencias que se están fortaleciendo y su forma de acumular dinero es bajo la modalidad de extorsión a los comerciantes y el narcotráfico”, agregó la Secretaria de Gobierno.
Según Ariel Ávila, politólogo y subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, que investiga ámbitos de seguridad y conflicto armado, esas bandas delincuenciales de las que habla Cuchillo son pequeñas estructuras urbanas “subcontratadas por las disidencias para que cobren las extorsiones y manejen el negocio de la droga en sectores poblados”.
Asimismo, precisó que el aumento en las extorsiones se debe a una confrontación armada entre dos disidencias de las Farc, el EPL y ELN.
“En el norte del Cauca hay dos disidencias de las Farc: una es el Nuevo Sexto Frente, que es la más grande, la segunda es la Jaime Martínez, que viene bajando por el Pacífico caucano; adicional está el EPL y el ELN que viene subiendo por El Tambo. Esa confrontación por el territorio hace que necesiten muchos recursos y una forma rápida de conseguirlos es la extorsión”, agregó Ávila.
Ante esto, Carolina Vallejo, directora ejecutiva del Consejo Gremial y Empresarial del Cauca, aseveró que “lo que está pasando en el departamento nos genera mucha preocupación, porque eso espanta la inversión extranjera y genera problemas en la producción”.
Reina la zozobra
“En el pueblo (Santander de Quilichao) la situación está muy caliente. Es mejor hacer lo que uno tiene que hacer y salir rapidito”, comenta un morador de la vereda Dominguillo, una de las más cercanas al casco urbano y con mayoría de población afrodescendiente.
En su territorio, agrega, aún no se respira la zozobra que se percibe en el área urbana. Aunque en Dominguillo están tranquilos, no se confían y ya empezaron a tomar sus propias medidas de seguridad.
En un recorrido realizado por este diario se pudo comprobar la existencia de dos controles -con guaduas atravesadas en la vía- para llegar a Dominguillo, que está a escasos 35 minutos en carro desde Santander. Los encargados de monitorear el ingreso a la vereda son miembros de la Guardia Indígena, que poseen bastón, pero son afrodescendientes. Los cabildos de la parte alta de la montaña occidental los capacitaron para que fueran el primer filtro ante la amenaza de la llegada de disidencias.
De acuerdo con Jair Muñoz, defensor del Pueblo Regional Cauca, hay una alerta en todos los municipios y veredas del norte de ese departamento.
“A finales de 2018 las disidencias de las Farc se establecieron como principal actor armado en esta región del país, pero lograron una mayor organización en enero de 2019, cuando anunciaron su llegada y operación en todo el territorio a través de panfletos”.
Desde ese momento, según la Defensoría, se han presentado múltiples enfrentamientos armados en el Cauca entre grupos disidentes y el ELN, aumentaron los asesinatos de miembros de la Guardia Indígena -que les han hecho frente- y población civil, así como el miedo de que regresen los peores episodios del conflicto armado que por décadas golpearon con fuerza a este departamento.