La Procuraduría General de la Nación anunció en la mañana de este martes la apertura de una indagación previa, en averiguación de responsables, por el presunto manejo irregular de los fondos de las empresas Coosalud, Servicio occidental de Salud, Asmet Salud EPS y Emssanar EPS.
La diligencia se fundamenta en el “posible mal manejo de estos recursos que fue denunciado por la Superintendencia de Salud en un informe que, además, reveló que, al parecer, parte de los dineros habrían sido desviados hacia paraísos fiscales”.
Según información contenida en el comunicado oficial, “en estos hechos podrían estar involucrados el asesor de Coosalud, Mario Andrés Urán, y los señores Tony Negrete e Indira Ocando, quienes, al parecer, actuaban como enlaces con empresas de auditoría del sector salud y habrían facilitado el acceso a Urán de información crítica”.
“Con el objetivo de identificar e individualizar al posible autor o autores de la falta, la Tercera Delegada para la Contratación Estatal solicitó a la Superintendencia Nacional de Salud información sobre la auditoría realizada por este organismo a las entidades cuestionadas, en la cual se evidenciaron las aparentes irregularidades, entre otras pruebas documentales”, reza el comunicado del Ministerio Público.
Coosalud descarta vínculos con paraísos fiscales
En medio de la controversia generada por la investigación del Ministerio Público, el Banco GNB Sudameris, encargado de administrar los fondos de Coosalud, desmintió la semana pasada las acusaciones de desvío de recursos a paraísos fiscales, asegurando que no se han realizado transferencias internacionales desde sus cuentas.
La entidad financiera, única autorizada para gestionar los fondos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) de los afiliados a Coosalud, emitió una certificación oficial ante el Ministerio de Salud en la que descartó las acusaciones de desvío de fondos.
El Banco GNB Sudameris destacó que todas las transacciones realizadas por Coosalud son estrictamente locales, cumpliendo con las normativas vigentes que exigen que los recursos sean destinados a proveedores de servicios de salud, la Nación (ADRES) y otras entidades financieras encargadas de cumplir con las obligaciones tributarias y parafiscales.
Este pronunciamiento del banco se produjo después de que el presidente Gustavo Petro solicitara a la Fiscalía General de la Nación investigar a Coosalud por presuntos desvíos de fondos de la salud al extranjero.