Este viernes, la organización estadounidense Human Rights Watch (HRW) le envió una carta al presidente Gustavo Petro con motivo de la política de "paz total" que anunció el Gobierno, para garantizar los derechos humanos, especialmente, en zonas remotas del país que han sido afectadas por la violencia.

Empezando la misiva, HRW aclara que si esta política de "paz total" se diseña e implementa adecuadamente en Colombia, "podría contribuir a lograr avances en materia de derechos humanos en estas y otras regiones de Colombia que durante décadas han sufrido graves abusos por parte de todos los actores del conflicto armado".

Es por tal razón que la organización le compartió al mandatario algunas recomendaciones para que se logre tal compromiso con la paz.

La primera recomendación escrita por la colombiana Juanita Goebertus, nueva directora para las Américas en HRW, es garantizar la protección y la seguridad en el país, esto requiere "una política de seguridad efectiva y respetuosa de los derechos humanos, que debe incluir tanto a las fuerzas de seguridad para cumplir con el deber de garantizar la vida y la integridad física, como a otras instituciones del Estado que son esenciales para la provisión de bienes y servicios públicos. Además de planes específicos diseñados para proteger a defensores de derechos humanos y otras personas en situación de riesgo", dice la misiva.

Asimismo, la organización dijo en la misiva que documentaron que las políticas de seguridad del gobierno del expresidente Iván Duque no garantizaron los derechos humanos en zonas remotas del país, lo que permitió que los grupos armados ampliaran su control territorial.

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Es por esto que HRW dice que el Gobierno debe "fortalecer la capacidad del sistema judicial y garantizar que los indicadores de éxito de las fuerzas de seguridad se basen en asegurar un control territorial efectivo, respetar los derechos humanos y prevenir abusos".

Por otro lado, la organización internacional explicó que el Gobierno debe tener en cuenta con qué grupos va a negociar la paz y de qué manera, considerando la gran cantidad de organizaciones armadas que existen en el país (más de 30).

De igual forma, invitó al mandatario que evalúe si existen razones creíbles para creer que los diálogos podrían asegurar los derechos de las víctimas y que prevengan abusos sobre la aplicación de la ley o la ejecución de operativos militares.

En su tercera recomendación hablan sobre la necesidad de abordar las causas que perpetúan la violencia en el territorio colombiano y que han resultado en el reciclaje de nuevos grupos armados.

"Para abordar este reciclaje de la violencia de manera sostenida a largo plazo, es fundamental que el gobierno aborde las condiciones subyacentes que han perpetuado el problema. Eso requerirá un esfuerzo enfocado en reducir permanentemente el poder de los grupos armados y el crimen organizado a través de una variedad de medidas, incluidas investigaciones criminales destinadas a desmantelar estos grupos, así como una presencia estatal civil más efectiva en regiones remotas que ayude a abordar las economías ilegales y garantizar el disfrute de los derechos económicos y sociales", dice la carta.

Por otro lado, la organización estadounidense, el gobierno colombiano está obligado a garantizar recursos efectivos para las víctimas de violaciones de derechos humanos. "Esto incluye investigar los abusos de manera efectiva, rápida, exhaustiva e imparcial y asegurar que los responsables rindan cuentas, así como garantizar el acceso a la justicia, la verdad y una reparación que sea proporcional a la gravedad de las violaciones y el daño sufrido", se lee en la carta.

Y por último, Human Rights Watch indicó que el gobierno de Petro debe evitar desmovilizaciones fraudulentas de personas que fingen ser parte de grupos armados para obtener beneficios ilegales durante las desmovilizaciones. 

Es por eso que insta al Gobierno trabajar en conjunto con la Fiscalía General de la Nación para verificar la identidad y los antecedentes penales de las personas que se desmovilizan. 

"Presidente Petro, esperamos que pueda tomar en consideración estas recomendaciones durante la implementación de su política de “paz total”. Quedamos a su disposición para discutir nuestros hallazgos y recomendaciones sobre los desafíos de derechos humanos en Colombia", concluyen.