La Jurisdicción Especial para la Paz no solo encontró que la Fiscalía no presentó pruebas suficientes para comprobar que Jesús Santrich incurrió en el delito de narcotráfico después del 1 de diciembre de 2016, lo que lo excluiría de la justicia transicional, sino que criticó duramente a la Fiscalía por el manejo que hizo de las pruebas en este caso.

Esto la llevó, incluso, a compulsar copias para que se investigue a funcionarios de la Fiscalía por irregularidades en recaudo de pruebas en el caso, pues, de acuerdo con la entidad, “servidores de la Fiscalía pudieron omitir sus deberes de velar por el respeto de los derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos y afectaron la soberanía nacional”.

La JEP afirmó que no recibió colaboración de parte de la Fiscalía ni del Gobierno de Estados Unidos para verificar en qué condiciones, y en especial, en qué momento se había registrado la situación en la que se señalaba a Santrich de haber incurrido en el delito de narcotráfico.

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“Al margen del examen de legalidad que se realizará luego, es claro que la encargada de suministrar la respuesta (se refiere a la Fiscalía), no exhibió ánimo de colaboración interinstitucional, en la medida que no negó ni tampoco aceptó que las actividades de recaudo probatorio realizadas en territorio nacional hubieran estado precedidas de la debida asistencia judicial por parte de la autoridad central”, afirma el auto proferido por la JEP.

Y ya hablando sobre la legalidad de las pruebas recaudadas, afirma la JEP que agentes de la DEA se trasladaron a Colombia y se infiltraron en las supuestas actividades ilegales sin que hubiera habido participación de la Fiscalía de Colombia. De esa infiltración, quedaron grabaciones que, según la JEP, fueron ilegales.

“Las actividades orientadas a la recolección de información probatoria se llevaron a cabo en territorio colombiano, en el que las autoridades del Estado requirente no tienen competencia ni ejercen jurisdicción, lo que quiere decir que bajo las instrucciones de agentes de la DEA se adelantaron actuaciones que atentaron contra el orden jurídico”, determinó la JEP.

Por ese motivo, la JEP compulsó copias ante la Sala Disciplinaria del Consejo Superior o Seccional de la Judicatura y la Oficina de Control Interno de la Fiscalía General de la Nación, para que estudie las presuntas irregularidades que se presentaron en la investigación.

"La realización de una actividad encubierta en Colombia por parte de funcionarios estadounidenses o colaboradores de estos se debe regir por las reglas aquí imperantes sobre la materia”, señaló la JEP.