Lilia Solano, directora de la Unidad para las Víctimas, estuvo participando de la COP16 que se realiza en Cali, donde, en diálogo con El País, hizo un balance sobre los avances de la entidad en materia de reparación.
¿Cómo va la reparación en el Valle del Cauca con la entrega de indemnizaciones?
Este año se han entregado $ 62.000 millones en indemnizaciones a un núcleo de 4527 personas. Además, se han hecho 16 planes de reparación colectiva, 12 de ellos son étnicos. La Unidad tiene reparación individual en ese registro único de víctimas, en todo el país hay alrededor de diez millones de víctimas y mil sujetos de reparación colectiva, y en Cali tenemos trabajo en varios municipios y territorios que han sufrido el rigor de la violencia, y a esos nos entregamos con más fuerza a servirlo.
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Una de las apuestas de la Unidad ha sido la de retornos significativos, ¿cómo están hoy estas comunidades?
Las comunidades que viven en el norte del Valle y Bajo Calima sufren las confrontaciones del ELN y el Clan del Golfo, una disputa territorial donde queda golpeado el pueblo Embera, y hemos tenido que ir con ayuda de emergencia, como comida y kits escolar. Nosotros no dejamos a la población sola en medio del conflicto armado, tenemos acompañamiento en momentos de confinamiento. También tenemos una acción política, levantando la voz por las víctimas. No aceptamos que se les revictimice y eso quiere decir que, cuando hay conflicto, la gente se desplaza. Entonces inmediatamente nos ponemos de acuerdo con las alcaldías y los líderes de la comunidad para arrancar un acompañamiento que pueda llevar a la superación de la emergencia, pero luego llega un periodo de sufrimiento en las comunidades que tienen que volver a vivir en condición de desplazamiento forzado hasta que podamos construir estos planes de retorno.
El Pacífico sigue siendo víctima de situaciones de confinamientos y desplazamientos, ¿cómo actúan?
En cuanto al confinamiento, articulamos con el Ministerio de Defensa, las alcaldías y gobernaciones y ahora también con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, porque, en condiciones de mucha gravedad, no puede ser la Unidad para las Víctimas la única que concurra a responder. Así, responde con ayuda y también políticamente, porque tenemos territoriales en todo el país que se dedican al cuidado y al acompañamiento de pueblos que después de desplazados deben retornar, y después tenemos que hacer los planes de reparación con ellos.
¿Cuál es la meta en reparación de víctimas para terminar este año?
La proyección en cuanto a reparación colectiva son 16 planes, 12 de ellos étnicos, que vamos a hacer este año. Tenemos una proyección por todo el país, pero estos son en el Valle, y tenemos el objetivo de continuar con las indemnizaciones, con la reparación individual, que eso está arreglado por la Corte. Tiene que darse prioridad a los adultos mayores, población en condición de discapacidad y quienes sufren enfermedades catastróficas, pero también a los territorios donde han habido masacres y a las mujeres víctimas de violencia sexual. Es decir, hay una reglamentación de la Corte, pero también estamos en esa priorización de los casos más sentidos, para que sean reparados.
¿Qué han encontrado en la revisión al caso de Salvatore Mancuso?
El acuerdo que hizo la Unidad para las Víctimas con Mancuso tiene que ver con reconocimiento de responsabilidades, y en ese marco está el hecho de que, en el Fondo de Reparación a las Víctimas, no aparecen todos los bienes que él dijo que había entregado en el marco de Justicia y Paz; dice que faltan alrededor de 380 bienes y en eso estamos. Como la Unidad no tiene funciones judiciales ni policiales, nos vamos a reunir con la Fiscal General para revisar el listado que nos entregó Mancuso y ver cómo podemos que esos bienes tengan extinción de dominio y pasen al Fondo de Reparación, para que las víctimas sean reparadas.