La Liquidadora de DMG presentó una demanda contra la Superintendencia de Notariado y Registro, en la que busca que se declare la nulidad absoluta de los actos administrativos que cambiaron la titularidad de algunos bienes, que al parecer pertenecían a la captadora de dinero.
Ante el Consejo de Estado presentaron dos acciones, una por 22.657 millones de pesos y otra por 22.456 millones, con el fin de reclamar una indemnización económica por parte de la Superintendencia, que reversó una anotación que entregaba unos terrenos en el norte de Bogotá a la liquidadora de DMG, María Mercedes Perry.
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Dichos predios debieron ser devueltos a sus propietarios originales, por orden del Tribunal de Cundinamarca, que evidenció que estos no hacían parte de los bienes de la captadora ilegal DMG. Ahora la liquidadora Perry busca, a través de dicha acción, recuperar dichos terrenos y lograr una millonaria indemnización por parte del Estado.
Además de tumbar esas normas, la liquidadora de DMG pide una reparación, porque aseguran que la Superintendencia ha incumplido fallos judiciales y los dineros que se recuperen de esos bienes serían destinados las víctimas.
Esa demanda fue presentada ante el Consejo de Estado, sin embargo, por competencia, ese Alto Tribunal envió el caso al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que tendrá la última palabra sobre el caso.