La directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), Laura Sarabia, y el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Roberto Vidal, acordaron este miércoles un plan estratégico para la ejecución de los primeros $100 mil millones asignados para respaldar las reparaciones tempranas y atender las órdenes judiciales emitidas por la JEP en el marco del Acuerdo de Paz.

Con un acto simbólico, la Unidad para las Víctimas realiza el cierre de reparación colectiva de la comunidad de Arenillo de Pradera, Valle del Cauca. Foto Jorge Orozco / El País. | Foto: El País

Durante la reunión, que también contó con la participación del Fondo Colombia en Paz, se establecieron mesas técnicas para determinar qué entidades se encargarán de administrar estos recursos.

Sarabia y Vidal coincidieron en que este avance es fundamental para fortalecer el compromiso del Gobierno en el cumplimiento del Acuerdo de Paz firmado en 2016.

Laura Sarabia, directora DAPRE. | Foto: GUILLERMO TORRES

Los fondos también estarán destinados a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), encargada de facilitar las reparaciones tempranas.

Vidal, además, subrayó la importancia de mantener una coordinación a largo plazo entre el Gobierno y la JEP: “Mientras dure el gobierno del presidente Petro, se asegurará tanto la disponibilidad de los recursos como los mecanismos administrativos para cumplir con nuestras obligaciones conjuntas”, expresó.

Por su parte, Wilmer Leal, director del Fondo Colombia en Paz, señaló que “bajo el liderazgo de la directora del DAPRE y junto al presidente de la JEP, hemos garantizado que los recursos dispuestos desde principios de año se usarán de manera efectiva”.

Añadió que la hoja de ruta definirá la entidad gubernamental responsable de la ejecución de estos recursos y reiteró el compromiso del Gobierno con la inversión en los territorios afectados.

Presidente de la JEP, Roberto Carlos Vidal. | Foto: JEP

Con estos acuerdos, aseguró la JEP, el Gobierno reafirma su voluntad de avanzar en la implementación efectiva del Acuerdo de Paz, asegurando que los recursos financieros lleguen a los sectores que más los necesitan, contribuyendo así a la reparación y justicia esperadas por las víctimas del conflicto en Colombia.