La Fiscalía General de la Nación ha decidido suspender de manera definitiva todas las órdenes de captura dirigidas a los disidentes de las Farc. Semana tuvo acceso exclusivo a la resolución emitida recientemente por esta entidad acusadora. Esta determinación concierne específicamente a aquellos guerrilleros que, atendiendo la solicitud del presidente Gustavo Petro, representarán a su grupo en las negociaciones en curso con el Gobierno nacional.
Dentro de los beneficiados por esta medida se encuentran destacados individuos como Alexander Farfán Suárez, conocido con el alias Gafas, y Carlos Eduardo García Téllez, identificado como alias Andrey, quien fue el responsable del atentado contra el expresidente Iván Duque en el año 2021. Asimismo, figura entre los favorecidos alguien cercano a alias John Mechas, líder del frente 33 de las disidencias de las Farc.
No se limita a ellos, ya que también se han dejado sin efecto las órdenes de captura que pesaban sobre Leidy Tatiana Rojas, reconocida bajo el alias de Ángela, una miembro activa del frente Adán Izquierdo, y Jaime Muñoz Dorado, conocido como Sebastián, quien mantenía estrechos vínculos con el ya abatido Wilson González, alias Mayimbú. Esta medida ha generado diversas reacciones entre la opinión pública y las autoridades, dada la relevancia de los involucrados en hechos delictivos de alto impacto.
Las disidencias de las Farc han realizado la selección de los guerrilleros que participarán en los diálogos de paz, en el marco de lo que denominan ‘paz total’.
Mediante un documento emitido por el Gobierno, se ha oficializado el reconocimiento de estos individuos como representantes en la mesa de diálogos, con el objetivo de “obtener soluciones al conflicto armado, lograr la efectiva aplicación del derecho internacional humanitario, el respeto a los derechos humanos, el cese de hostilidades y el pacto de acuerdos de paz tendientes a facilitar el desarme y la desmovilización del autodenominado Estado Mayor Central de las FARC-EP”.
Es importante aclarar que la resolución establece que, en el caso de Alexander Farfán Suárez, conocido como alias Gafas, quien actualmente se encuentra privado de libertad en un centro de reclusión, la suspensión de la orden de captura no implica la revocación ni sustitución de ninguna medida de aseguramiento, la concesión de ningún subrogado penal ni, en general, la liberación bajo ninguna figura prevista en la ley.
Alias Gafas fue detenido en la histórica Operación Jaque llevada a cabo el 4 de julio de 2008. Durante años, tuvo la responsabilidad de “vigilar” a la entonces candidata presidencial Ingrid Betancourt, a tres contratistas estadounidenses y varios militares que estaban en poder del grupo subversivo, utilizados como moneda de cambio para presionar un intercambio humanitario.
A pesar de que Gafas se sometió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y participó en algunas diligencias ante ese tribunal, aparentemente habría reincidido en actividades delictivas, lo que llevó a su actual reclusión en la cárcel La Picota de Bogotá desde el 28 de diciembre de 2022, bajo cargos de tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Militares.
A principios de este mes, la Fiscalía también levantó las órdenes de captura que pesaban sobre otro grupo de guerrilleros, a saber: Luis Carlos Pinilla Cortez, Renzo Alirio Martínez, Robinson de Jesús González, Ramiro Pinzón Novoa y Walter Freddy Ruiz Montaño. Estos individuos, siguiendo la solicitud del presidente Petro, han sido designados como representantes durante un periodo de tiempo específico para avanzar en los objetivos de las negociaciones de paz.
¿Cómo va la ‘Paz Total’?
La Corte Constitucional ha decidido inhibirse de examinar la demanda presentada por el abogado Jorge Enrique Pava en contra de la ley de la ‘paz total’. Tras extensas deliberaciones sobre la ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, quien señalaba diversos vicios en el trámite legislativo de la mencionada ley en el Congreso de la República, la sala plena de la Corte Constitucional determinó que ninguno de los argumentos presentados en la demanda cumple con los requisitos necesarios para ser admitida.
No obstante, aún están pendientes otras ocho demandas contra esta legislación, conocida como ley 2272 de 2022, la cual otorga al presidente Gustavo Petro la facultad de negociar con grupos ilegales.
La Corte tiene prevista la realización de una audiencia pública para revisar los fundamentos de estas demandas, que han sido acumuladas para su análisis en este alto tribunal, referente a la ley que habilita al Presidente de la República para llevar adelante diálogos y negociaciones con grupos armados al margen de la ley.
De las ocho demandas presentadas actualmente contra la ley de ‘paz total’, cuatro de ellas han sido formuladas por congresistas pertenecientes a partidos de oposición. El senador Miguel Uribe, la senadora Paloma Valencia, así como los representantes José Jaime Uscátegui y Carlos Fernando Motoa, figuran entre los demandantes.