Este lunes, 20 de noviembre, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, informó sobre la imputación de cargos a 35 integrantes del Ejército Nacional, quienes son acusados de cometer crímenes de guerra y de lesa humanidad, contra la población civil en Huila.
“200 asesinatos, entre ellos 32 desapariciones forzadas, además de ocho tentativas de homicidio, son atribuibles a miembros retirados y activos de cuatro unidades del Ejército Nacional que operaron en la región”, fueron los actos cometidos por los uniformados, según la JEP.
De acuerdo con un comunicado oficial, se trata exactamente del Batallón de Infantería No. 26 ‘Cacique Pigoanza’ (BIPIG), al Batallón de Infantería No. 27 ‘Magdalena’ (BIMAG), a la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas No. 11 (AFEUR 11) y a la IX Brigada.
Asimismo, informaron que 192 de las 264 muertes reportadas por las cuatro unidades militares priorizadas en la investigación, entre 2005 y 2008, fueron en realidad homicidios cometidos contra personas fuera de combate.
“La JEP llamó a reconocer responsabilidad al mayor general Miguel Pérez Guarnizo, al general (r) Jaime Lasprilla Villamizar y al brigadier general William Pérez Laiseca. Como coautores, llamó a reconocer responsabilidad a los mayores generales (r) Édgar Rodríguez Sánchez y Marcos Evangelista Pinto Lizarazo”, dice la misiva.
Además, informaron que no se imputó al teniente coronel Martín Orlando Galindo, antiguo comandante de BIMAG y 6 oficiales más, de IX Brigada, ya que según la JEP, no se aprecian bases para considerarlos máximos responsables, por esta razón, sus procesos fueron remitidos a Sala de Definición de Situaciones Jurídicas.
“Las muertes se causaron como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, por lo que fueron calificadas como asesinatos constitutivos de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Las operaciones militares documentadas por la JEP en el Subcaso Huila se caracterizaron por el uso manifiestamente desproporcionado de la fuerza letal por parte de las tropas del Ejército Nacional”, añadieron a través de X, (Twitter).
De igual, forma, en la investigación, la Sala determinó que se efectuaron “operaciones ofensivas” u “operaciones de destrucción” con maniobras de “emboscada” cuando no se reunían los requisitos consignados en el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Lo anterior, porque de acuerdo con la Sala, existen bases suficientes que describen una falla sistémica de instituciones, militares y civiles, encargadas de proteger a la población en Huila. Todos los mecanismos de control disponibles fallaron o fueron insuficientes para proteger los bienes jurídicos de los más vulnerables.
“De los 35 imputados, 10 están condenados, 2 imputados y uno investigado. Es decir, del total, 22 jamás habían sido investigados, hemos llegado más lejos que la justicia ordinaria”, señaló el magistrado Alejandro Ramelli en la rueda de prensa.
El relator del subcaso, Huila, añadió que “16 de los comparecientes llegaron a la JEP voluntariamente porque tenían condenas o procesos en su contra. Y, 19 de ellos, son forzosos. Como nunca habían sido investigados, están aquí porque los llamamos por el material probatorio”.
Uribe respondió a Mancuso ante la JEP
El expresidente Álvaro Uribe respondió este lunes a las acusaciones lanzadas en su contra por el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, al que tildó de “bandido”, durante las audiencias ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), divulgadas el fin de semana.
Una a una, las acusaciones Mancuso fueron contestadas por el exmandatario en un comunicado en su cuenta de X.
Frente a la masacre de La Granja y la presunta participación de Pedro Juan Moreno, el fallecido secretario de Gobierno de la Gobernación de Antioquia durante su mandato, Uribe recalcó la contradicción de Mancuso, al señalar que inicialmente dijo que el exfuncionario no sabía del asunto y “ahora dice lo contrario”.
También desestimó las acusaciones del exjefe paramilitar frente a un supuesto aporte millonario de los grupos paramilitares a su campaña en 2002. ”Dice Mancuso que dio dos millones a José María Maroso (fallecido de cáncer, mayo 2020) para mi campaña de Córdoba. No lo dijo cuando Maroso estaba vivo. La esposa y los cercanos a Maroso confirman la austeridad de esa campaña. Niegan la posibilidad de ese dinero”, afirmó el expresidente.