El escándalo de la Ruta de El Sol se volvió a mover. Se trata de siete exfuncionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, quienes en concepto de la Fiscalía aprobaron cinco adiciones al contrato de concesión 01 de 2010, dispuesto para construir un tramo vial de 528 kilómetros de la Ruta del Sol.
Los implicados, según la Fiscalía y quienes ya fueron presentados ante un juez, son Alexandra Lozano Vergara, gerente de Proyectos y Gestión Contractual; María Clara Garrido, vicepresidenta administrativa; y Beatriz Eugenia Morales Vélez, vicepresidenta de estructuración. Además de los asesores Harbey José Carrascal Quintero, Marcelo Enrique Cano del Castillo, Mónica Rocío Adarme Manosalva y Nora Patricia Acero Pérez.
De acuerdo con el ente acusador, la investigación evidenció que estas personas, según sus responsabilidades individuales, habrían proyectado, revisado, tramitado y aprobado cinco otrosíes al contrato 01 de 2010, los cuales generaron beneficios técnicos, jurídicos y financieros al concesionario del cual hacía parte la constructora Odebrecht.
Además los procesados son señalados de incurrir en maniobras ilícitas para beneficiar económicamente al concesionario, mejorando su flujo de caja y permitiéndole recibir giros por anticipado, sin terminar el proyecto; ni incurrir en créditos, entre otras irregularidades.
El material probatorio da cuenta que la Fiscalía constató que dos de los otrosíes ampliaron plazos para la ejecución de algunos tramos de proyectos, con lo cual el concesionario evitó procesos sancionatorios y dejó de pagar multas superiores a 35.883 millones de pesos por incumplimientos.
También, dice la Fiscalía, se presume que se modificaron aspectos técnicos y formas de pago, permitiéndole al concesionario acceder a un anticipo de 17.823 millones de pesos al que no tenia derecho y obtener mayor flujo de caja. Esto habría causado una afectación financiera a la ANI por más de 2.227 millones de pesos.
La Fiscalía imputó a los presuntos responsables el delito de interés indebido en la celebración de contratos. Cargo que no fue aceptado por ninguno de los procesados.
Consejo de Estado tumbó multa por 715 mil millones de pesos impuesta contra el concesionario Ruta del Sol II
La multa que se había impuesto contra el concesionario Ruta del Sol II, por actos de corrupción ligados al caso de Odebrecht, fue tumbada por el Consejo de Estado. Esta multa tenía un valor de 715 mil millones de pesos.
Según el Consejo de Estado, la acción popular que dio lugar a la multa no era la herramienta jurídica adecuada para ese fin, así que tumbó la decisión. De hecho, esta multa la había impuesto el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ya que la entidad anotaba que los hechos de este escándalo dieron lugar a la vulneración de los derechos colectivos.
Además, los involucrados que tenían sanciones de inhabilidad para contratar con el Estado colombiano también fueron absueltos. “El Tribunal Administrativo de Cundinamarca no era competente para establecer esta sanción”, reiteró el Consejo de Estado.
La acción popular que había dado lugar a la millonaria multa fue interpuesta por el entonces procurador general de la nación, Fernando Carrillo.
El funcionario anotó: “Como procurador general de la nación y jefe del Ministerio Público, reitero que no cederemos espacios en la defensa de la moralidad pública, en que se respete el patrimonio de los colombianos, en que el acceso a los servicios públicos y su prestación sea eficiente y oportuna y en la recuperación de la ética pública, pero eso no lo logramos solos, necesitamos el acompañamiento ciudadano, con veedurías activas, y el apoyo del Congreso. Insistiremos en la aprobación de la Ley de Probidad para combatir la corrupción y establecer la responsabilidad penal de las personas jurídicas que malversen recursos públicos”. Además, le pidió al Consejo de Estado confirmar el fallo en primera instancia.
“Que nadie se llame a engaños. Ha sido la Procuraduría la única entidad del Estado que ha logrado condenas patrimoniales contra Odebrecht y sus socios locales. Defenderemos esa condena en el Consejo de Estado, hasta lograr la confirmación de lo fallado en la primera instancia”, explicó el procurador Carrillo Flórez en ese entonces.
Cabe mencionar que el caso Odebrecht es uno de los más representativos de corrupción en América Latina, con la distribución millonaria para políticos, empresarios y exfuncionarios de 12 países.