Luego de la polémica que se armó por el presupuesto para vigencias futuras de 2024, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió un nuevo documento en la tarde de este jueves, 15 de febrero, el cual corrige el decreto 2295 de 2023.
El nuevo decreto lo dio a conocer Portafolio, mismo medio que puso en conocimiento las inconsistencias en la versión pasada, pues distintas obras de infraestructura estaban en vilo al no asignar 13 billones.
En esta nueva resolución se detalla el gasto para la vigencia fiscal de 2024 y se aclara cuánto se va a destinar a la construcción del tramo 1 de la Primera Línea del Metro de Bogotá, a la Nación y a la construcción del Metro Ligero de la 80 en Medellín, dos de los proyectos que más preocupaban. Pero también se mencionan los demás rubros y programas.
Así las cosas, la resolución dejó en firme el aporte de $776.139 millones de pesos que aseguran la construcción del metro de la capital.
En cuanto a los montos establecidos para los demás proyectos, y que serán girados por el Ministerio de Hacienda, el decreto apunta que para el Regiotram se destinarán $351.733 millones), al igual que para las fases 2 y 3 de Transmilenio a Soacha. La obra del Transmilenio por la Calle 13 y Avenida Américas contará con $107.472 millones.
Sobre la vigencia fiscal de 2024, cobraron relevancia las declaraciones del ministro Ricardo Bonilla, en las que dio a entender que los recursos están garantizados, pero dependerían de su progreso.
“Nunca se le ha quitado la importancia estratégica, lo que hay que entrar a examinar es si lo que está previsto para este año debería entregarse dado el nivel de retraso de la obra”, afirmó a medios de comunicación el jefe de la cartera de Hacienda.
Esta situación generó no solamente tensión dentro del Gobierno, incluyendo la renuncia de Claudia Marcela Numa, quien se desempeñaba en el cargo de directora de Presupuesto Público Nacional, sino también con gremios.
El Consejo Gremial, por ejemplo, manifestó su preocupación. Según expresaron en un comunicado, que tales compromisos no sean honrados “causa inmensa incertidumbre a los desarrolladores y financiadores que en el pasado han tenido confianza en la seriedad del Estado para cumplir sus obligaciones”.
Este escenario terminaría afectando a los proyectos, a operadores, a constructores y sobre todo causaría un daño a la confianza “que el Estado colombiano le genere a los mercados nacionales e internacionales con inmensos riesgos en términos de calificación crediticia y evaluación por parte de potenciales aliados”.
Lo anterior, a su vez, tendría efectos “muy negativos” en términos de inversión, por lo que cerraron el comunicado solicitando que se reconsidere la confirmación del presupuesto y que “el mismo esté acorde con la ley que lo aprobó, y que se asegure de respetar los compromisos adquiridos mediante el mecanismo de vigencias futuras”.
Con información de Colprensa.