¿Qué implicaciones puede tener el hecho de que entre los 588 colombianos mencionados en la investigación ‘Pandora Papers’ aparezcan varios políticos y funcionarios del Gobierno?

Eso le preguntó El País a varios analistas, luego de conocerse que allí aparecen mencionados los nombres de los expresidentes César Gaviria y Andrés Pastrana; de la vicepresidenta y canciller Martha Lucía Ramírez; de la ministra de Transporte, Ángela María Orozco; del director de la Dian, Lisandro Junco Riveira, y de los embajadores en Chile, Guillermo Botero, y en China, Luis Diego Monsalve.

Pero también de Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá y precandidato presidencial, y de Gina Parody, exministra de Educación, entre otros.
Y, según varios expertos en política, la investigación es un mal augurio frente a la opinión pública para los implicados.

Sin embargo, el economista y magíster en política Isidro Hernández explica que este tema seguirá generando incidencia en el mundo político nacional e internacional, debido a las revelaciones que se seguirán conociendo, pero considera que no ejercerá un efecto práctico.

“En la última reforma tributaria se aprobó una amnistía que les permite, a quienes sí han evadido y tienen recursos en el exterior, así hayan sido en la práctica personas sin ninguna consideración, que sus capitales queden legalizados, después de que les cobre una tasa de normalización tributaria”, afirmó.

Todos los implicados han dicho que tener cuentas en el exterior no es ilegal y que han declarado estas participaciones ante las entidades correspondientes.

El analista explicó que esto implica que, a quienes les haya afectado la noticia finalmente no les pasará nada, lo que se vería como un premio para las personas que cometen actos ilegales en Colombia.

Y añade que, con este proceder, el mismo Gobierno estaría demostrando que los evasores se ven más beneficiados, lo que generaría indignación entre los ciudadanos que sí pagan de manera cumplida sus impuestos.
Lo cierto es que ayer el presidente Iván Duque le reiteró su llamado a quienes aún no han declarado activos en el exterior.

“Tienen la oportunidad de someterse a lo que nosotros llamamos ‘régimen de normalización de activos’, es decir, pueden traer sus recursos, legalizarlos en Colombia, pagando un impuesto de penalización del 15 %. Eso está hoy en la normatividad colombiana”.

Y también destacó que las leyes nacionales permiten que cualquier ciudadano tenga sociedades en el exterior, siempre y cuando estén reportadas ante la Dian.

Los analistas están de acuerdo en este punto, sin embargo, la politóloga Stefanía Gaviria señala que “manejar estos asuntos con ética y transparencia debe ser un compromiso y responsabilidad de los involucrados, aun más cuando se ejercen cargos públicos ligados al poder”.

E indicó que, aunque sean señalamientos directos, sí terminarán afectando la institucionalidad y al Gobierno en general.

Por su parte, el analista político John Mario González señala que las consecuencias de esta investigación también podrían verse en las contradicciones que presenten los implicados en el caso y que hasta podrían llegar a golpear ciertas campañas presidenciales.

Además, recomienda que, por el bien de los implicados, ellos mismos de manera pronta salgan a satisfacer la curiosidad social y a dar las explicaciones del caso.

“Más allá de ponerse a la defensiva, con el transcurso de los días esto puede en algún momento afectarlos, es un riesgo de autoridad moral. Este escándalo tiene un potencial dañino. La gente evalúa este tipo de situación y mira con suspicacia los hechos ocurridos”, expresó González.

De igual forma, el politólogo Santiago Londoño sostiene que la investigación “va a ser usada como bandera por cualquier candidato que quiera irse por una vertiente ideológica diferente a la del Gobierno actual” durante los próximos comicios.

Y añade que seguramente la imagen de los mencionados se verá afectada, destacando la de Marta Lucía Ramírez.
“No es la primera vez que la Vicepresidenta está en el ojo de huracán, parece que cuidar su imagen no le preocupa”, enfatiza, por su parte, Gaviria.

¿Realmente hay delitos?

  • Contar con empresas o sociedades en el exterior no es ilegal según la ley colombiana, sin embargo, estas deben declararse.

  • ”Sea el que sea, el que tenga activos en el exterior, tiene que reportarlos y si no los declara, está sujeto a multas altas del sistema legal tributario colombiano”, dijo el presidente Duque.

  • Sin embargo, los expertos señalan que la imagen de los mencionados se verá afectada. “Los ciudadanos ‘ya no tragan entero’, los castigos o sanciones sociales cada día son más fuertes y visibles”, dice Estefanía Gaviria, politóloga.

  • La Fiscalía comenzó una verificación para establecer si hay méritos suficientes para iniciar investigaciones contra los mencionados en el escándalo.