Frente al informe de la Comisión Internacional de la Cruz Roja, CICR, que señala que el conflicto armado se recrudeció durante 2021, el Gobierno dio a conocer sus reparos a las cifras allí reportadas.

En el reporte de la CICR se plantea que el desplazamiento masivo y afectaciones por artefactos explosivos han aumentado considerablemente, alcanzando los niveles más altos de los últimos cinco años.

“Causa extrañeza que en el informe de la CICR no se identifique a los verdaderos responsables de la vulneración del derecho internacional humanitario en Colombia, hay que decirlo sin ambigüedades, sin temores y con valentía: son los grupos narcoterroristas del ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo, quienes afectan a nuestra población, bajo su interés de lucrarse con las economías ilícitas”, expresó Jeffersson Mena, consejero presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales.

La CICR asegura que el aumento se debería a la presencia de más actores armados en el país, como las antiguas Farc, ELN, la Segunda Marquetalia, Autodefensas Gaitanistas de Colombia y comando de la Frontera, incrementando las confrontaciones armadas, control social y disputa por territorios. Esto generaría una presión directa en comunidades que son desplazadas.

Según Lorenzo Caraffi, jefe de la delegación de la CICR en Colombia, el informe muestra una dura realidad en varias poblaciones del país “que refleja el temor, la incertidumbre y la desesperanza a causa de los conflictos armados que hay en Colombia”.

Durante 2021, la CICR documentó 884 presuntas violaciones al derecho internacional humanitario (DHI).

De estas, el 59% correspondió a homicidios, amenazas, privaciones arbitrarias de la libertad, utilización de artefactos explosivos, tratos crueles, inhumanos o degradantes; vinculación de niños y adolescentes con actores armados y violencia sexual.

Los departamentos más afectados son Antioquia, Arauca, Bolívar, Cauca, Córdoba, Chocó, Norte de Santander, Nariño, Valle del Cauca, entre otros.

En contraste, el funcionario expresó que los desplazamientos forzados se siguen presentando en Colombia, pero “las cifras están lejos de ser las que se reportaban en la década anterior”.

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Añadió que, según la Unidad para las Víctimas, durante el 2010 a 2014 el desplazamiento llegó a 1.431.731 personas, durante 2015 a 2018 se situó en 670.778 y entre 2019 a 2021, decrecieron a 379.176. Sin embargo, reiteró que aunque estadísticamente las cifras han bajado, el problema no está solucionado.

A su vez, Caraffi expresó que el recrudecimiento de los grupos armados viene en crecimiento desde 2018 y que se agudizó en 2021.

La CICR registró durante 2021 un total de 486 víctimas de artefactos explosivos, el número más alto de los últimos cinco años. Las detonaciones ocurrieron en 14 departamentos siendo Norte de Santander, Cauca, Chocó, Antioquia y Arauca los más afectados.

Ante esto, el alto funcionario expresó que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz registró hasta la fecha 152 víctimas por minas antipersonas y municiones sin explotar. Estas afectaron a 93 civiles y 59 miembros de la fuerza pública.

La entidad que realizó el informe expresó que, contrario a lo que menciona el Gobierno, hay una tendencia al alza en cuanto a número de víctimas y que “en 2022 el panorama podría ser aún más complejo y eso nos preocupa”.