Tras semanas de polémica y varias rondas fallidas de votación, la sala plena de la Corte Suprema de Justicia eligió este martes a la abogada Luz Adriana Camargo como la nueva Fiscal General de la Nación.

Tal como lo había anunciado el presidente del alto tribunal, el magistrado Gerson Chaverra, la Sala Plena extraordinaria estaba destinada este martes exclusivamente a adelantar las votaciones para designar a quien remplazará al exfiscal Francisco Barbosa frente al ente de investigaciones.

En total fueron 18 votos por Luz Adriana Camargo, dos para Ángela María Buitrago, u Amelia Pérez y dos en blanco.

La elección de los magistrados se dio de la terna en la que están tres mujeres: Angela María Buitrago, Luz Adriana Camargo y Amelia Pérez. | Foto: Semana

Camargo es abogada egresada de la Universidad de la Sabana de Bogotá, con maestría en derecho penal y criminología, y empezó su carrera en la Rama Judicial desde mediados de los años 80, cuando empezó como funcionaria en un juzgado y luego como juez de instrucción criminal.

Como parte de la terna entregada por el presidente Gustavo Petro, la nueva fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, hizo su presentación ante los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Foto: Prensa Corte Suprema de Justicia | Foto: Prensa Corte Suprema

Su rol en la contienda electoral estuvo marcado por su cercanía con el actual ministro de Defensa, Iván Velásquez. Camargo trabajó junto a Velásquez cuando ambos fueron magistrados auxiliares de la sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y participaron en emblemáticas investigaciones en contra de los vínculos de la política colombiana y el paramilitarismo.

Además, ambos volvieron a encontrarse en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un organismo internacional del que él fue director y ella, jefa de Investigación y Litigio. Su objetivo fue desmantelar la corrupción de ese país centroamericano. En su paso por la Corte, Camargo además participó en investigaciones de la llamada yidispolítica, un entramado de coimas, que tuvo como principal intermediaria a la excongresista Yidis Medina, a cambio de reformas del gobierno de Álvaro Uribe.

En 2018 intentó ser parte de la Sala Especial de Instrucción de la Corte, la que investiga a congresistas, pero su aspiración fue superada por el antes defensor público César Augusto Reyes, el boyacense que investigó a Álvaro Uribe y el año pasado fue presidente del órgano instructor. La última de las ternadas por Gustavo Petro fue la segunda en utilizar sus veinte minutos de exposición el 20 de noviembre, cuando las tres candidatas contaron sus ideas ante la Corte Suprema

En ese momento sostuvo que se deben fortalecer las rutas de atención a las víctimas, mejorar la participación de los fiscales en los juicios y priorizar un enfoque territorial en el tratamiento de los casos. ”Nuestra criminalidad no es homogénea. Necesitamos tener una aproximación mucho más cercana a lo que está pasando en las regiones”, afirmó, y añadió que la criminalidad actualmente es principalmente organizada.

Camargo se ha caracterizado por su lucha contra la corrupción.

Apuntó que es necesario mejorar las seccionales de la Fiscalía, es decir, los establecimientos que reciben denuncias y toman casos en los distintos departamentos.

”Como todos lo sabemos, hay una complejidad que parte de que no tenemos conductas punibles homogéneas ni fenómenos criminales homogéneos. No es la misma criminalidad la que actúa Soledad (Atlántico), a la que ocurre en Acandi (Chocó)”, anotó. Camargo dijo que, de ser escogida como fiscal, se apoyaría en la tecnología para reforzar el análisis criminal como “un elemento básico para abordar los fenómenos criminales”.

Asimismo, le apostaría a evitar tener casos individuales, con el fin de dar paso a investigaciones con denuncias agrupadas y elementos similares.

Aunque expresó su oposición a varios aspectos de la Fiscalía, acotó que actualmente se maneja un portafolio de servicios para las víctimas que va más allá de la recepción de denuncias. Para ella, ese es un punto fundamental que quisiera fortificar para brindar, por ejemplo, una consistente asistencia psicosocial.

”Estamos en una tasa de absoluciones que supera el 60%”, planteó, al declarar que “debemos fortalecer mucho la investigación criminal”.La idea de la jurista es que los fiscales puedan tener una ventaja investigativa al momento de acercarse a negociar con una persona procesada. “Sin esa ventaja, los preacuerdos son muy difíciles de lograr”, explicó.

Además, se basó en diferentes sentencias de la Corte Suprema para verbalizar que persisten múltiples problemas en la labor de los investigadores del CTI y de Policía Judicial en la recolección de pruebas. Como variadas dificultades fundadas en determinaciones de la Corte, Camargo declaró que la Fiscalía incumple con la “debida diligencia” con la que debe actuar, presenta “incongruencias” entre las imputaciones y falla al escoger los hechos jurídicamente relevantes.

”En estas materias no se puede estar fallando”, criticó. En su eventual administración, dijo, cambiará los indicadores de gestión para conectarlos con los fenómenos criminales “más delicados”. Sus metas serán las sentencias condenatorias. ”Con la demanda de justicia que tenemos, no podemos quedarnos en solo recibir denuncias”, argumentó.