Claudia Blum no llevaba un mes como ministra de Relaciones Exteriores, cuando le tocó viajar a Washington a entrevistarse con el Secretario de Estado de Estados Unidos. Tal vez era una advertencia del destino sobre la ardua tarea que le esperaba a esta caleña que en diciembre pasado fue invitada a reforzar el equipo de gobierno del presidente Iván Duque.

Desde entonces le ha tocado asistir al Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York, instalar la III Conferencia Ministerial Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo en Bogotá y atender la Comisión de Consolidación de la Paz de Naciones Unidas en Cartagena, para mencionar solo tres de los frentes que ha tenido que asumir como Canciller.

Pero sin duda, el de Venezuela ha sido uno de los temas que más la ha ocupado, sobre todo ahora que a su decidido propósito de respaldar a Juan Guaidó como presidente interino se suma un nuevo choque con Nicolás Maduro, por cuenta de la captura de Aída Merlano en ese país.

Del manejo dado a ese caso judicial, pero también de las demás tareas que asumirá desde la Cancillería, Claudia Blum habló con El País. 

Hay quienes aseguran que, al pedir la extradición de Aída Merlano a Juan Guaidó, el Gobierno Duque está favoreciendo a los corruptos sobre los que ella tiene información...

La extradición solo procede ante Guaidó porque es la autoridad legítima constitucional de Venezuela. Ese reconocimiento es una posición de Estado, compartida por cerca de 60 países, que adoptamos desde comienzos de 2018, cuando la prófuga Merlano no existía. Esa afirmación parece promovida por quienes quisieran que Colombia acogiera al régimen ilegítimo de Maduro, y eso no va a suceder. Sobre la corrupción en la política, nuestro Gobierno sigue apoyando a fiscales y jueces para que sean capaces de enfrentar y sancionar ejemplarmente cualquier falta de un servidor público.

¿Y sí es posible que la Interpol la deporte sin la colaboración del Gobierno Maduro, que controla la institucionalidad en el vecino país?

Interpol ha emitido una circular roja sobre esta persona. Quienes la tienen detenida en territorio venezolano deben cooperar con Interpol para asegurar que responda por sus delitos. Lamentablemente, es difícil prever cómo actuará un régimen que desprecia el derecho internacional. En todo caso, Colombia no descansará hasta que se pueda dar pleno cumplimiento a la condena de la Corte Suprema de Justicia.

¿Qué espera ganar Maduro con su propuesta de reabrir relaciones consulares con Colombia ahora?

 Maduro busca aprovecharse de este caso judicial para legitimar de alguna forma su régimen y generar rechazo en nuestro país al reconocimiento del presidente Guaidó. Todo eso, además, desvía la atención en Colombia frente a la urgencia del retorno de la democracia y la legalidad en el vecino país.

¿Pero qué les dice a los colombianos residentes en Venezuela que necesitan trámites consulares?

El régimen de Maduro fue el que rompió relaciones diplomáticas y el que obligó a salir a nuestro personal consular. No fue Colombia. Esta es una situación compleja, pero nuestro Gobierno, comprometido en buscar soluciones, ha instalado puntos de atención consular en Maicao; puente Simón Bolívar, en Cúcuta; Arauca e Inírida, para brindar asistencia a connacionales desde nuestro lado de la frontera. Igualmente, se habilitó una línea telefónica para que los colombianos en Venezuela se comuniquen de forma gratuita con el Ministerio de Relaciones Exteriores.

¿Eso quiere decir que el Gobierno colombiano va a seguir respaldando a Guaidó como presidente?

Por supuesto. Lo respaldamos de manera irrestricta porque Guaidó es el presidente de la Asamblea Nacional –único órgano legítimo que subsiste en Venezuela– y es el presidente interino de ese país. Su mandato está plenamente enmarcado en el Artículo 233 y otras normas de la Constitución venezolana.

Pero pese a esa posición rígida para con Maduro siguen llegando miles de migrantes desde Venezuela...

Promover con otros países el regreso de la democracia y la libertad a Venezuela no es una posición rígida, sino la única salida de largo plazo para este país. Una actitud tolerante o pasiva con el régimen ilegítimo de Maduro agravaría la crisis. Por eso seguiremos teniendo dos frentes: de un lado, guiados por principios de solidaridad y fraternidad, Colombia acoge sin barreras a una población que huye del hambre y la desesperanza, tras el colapso de su sistema económico, social y político. Por otro, seguiremos condenando al régimen ilegítimo, exigiendo elecciones presidenciales libres y transparentes para 2020 y urgiendo a la comunidad internacional a que no olvide a Venezuela, país que vivirá este año la crisis humanitaria más grave del mundo.

Además del tema Venezuela, ¿a qué otros frentes de acción les dará prioridad durante su gestión?

La prioridad está en la agenda que apoya las metas de equidad, emprendimiento y legalidad plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo. En equidad, el norte es la Agenda 2030 de los objetivos del desarrollo sostenible, que nos exige ser proactivos en temas ambientales, de innovación, género, energías renovables y cultura, en escenarios mundiales donde se impulsan acciones en estos campos. Equidad es también apoyar a los migrantes venezolanos en la regularización de su situación y en la búsqueda de recursos externos para ayudarles a reconstruir sus proyectos de vida. En materia de emprendimiento, la prioridad es seguir posicionando, con otros ministerios, a Colombia como una opción atractiva para la inversión extranjera, que brinda seguridad jurídica y oportunidades para crecer.

¿Y en cuanto a la Paz?

En legalidad, el eje es la defensa de la democracia, los derechos humanos y la cooperación por la paz y la seguridad, que incluye divulgar al mundo los sólidos avances y retos de nuestra política de Paz con Legalidad. Asimismo, nuestro llamado para que todos los Estados presten atención a la grave crisis de Venezuela y se fortalezca la presión diplomática para el regreso de la democracia al vecino país. La legalidad sustenta también nuestro trabajo en iniciativas globales contra la corrupción, el narcotráfico, el terrorismo y la delincuencia transnacional.

En el frente institucional, mi prioridad es fortalecer los programas dirigidos a connacionales en el exterior y afianzar una carrera diplomática y consular de alto nivel profesional, innovadora, acorde con los retos del mundo actual.

¿Tras la visita del Secretario de Estado de EE. UU. al país y el reconocimiento de ese Gobierno por la erradicación de cultivos ilícitos, cree que las relaciones con Washington irán por un mejor camino?

Para Colombia, erradicar el narcotráfico es una prioridad, no por lograr reconocimientos de otros países, sino porque es un interés nacional. El narcotráfico ocasiona violencia, corrupción y amenazas a la salud y la vida. El compromiso del Gobierno en la erradicación de cultivos y en la lucha contra el narcotráfico es vital para estabilizar zonas del país que viven en medio del miedo y la pobreza y para frenar amenazas que hoy padecen comunidades vulnerables, líderes sociales y excombatientes.

¿A propósito, una de sus metas también será desnarcotizar las relaciones con EE. UU?

La agenda con Estados Unidos es muy amplia e incluye comercio, inversión, turismo, cooperación para el fortalecimiento institucional, asistencia judicial, así como proyectos en ciencia, tecnología e innovación, derechos humanos, medio ambiente y cooperación en seguridad y defensa.

El problema de las drogas hace parte de la agenda internacional y todos los Estados hemos asumido compromisos para enfrentarlo con una responsabilidad común y compartida. Es imposible que este tema esté fuera de la agenda, pero eso no significa que nuestras relaciones bilaterales se limiten a ese objetivo al que todos los países tenemos que contribuir.

El Presidente propuso que se fortalezca el fondo para la implementación del Acuerdo de Paz, pero la ONU le pidió fortalecer las medidas para evitar la muerte de líderes sociales y excombatientes. ¿Cómo asumirá esos temas la Cancillería?

Los fondos para la paz deben fortalecerse con cooperación internacional, tanto para la reincorporación de excombatientes como para la implementación de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial que abarcan los 170 municipios más afectados por violencia y pobreza. En estos planes este Gobierno ha aprobado 309 proyectos con una inversión nacional de 500 millones de dólares, y se requieren más recursos, incluso de donantes y cooperantes.

En cuanto a los homicidios de líderes sociales y excombatientes, el Gobierno está trabajando para fortalecer la Justicia, las alertas y medios de protección y enfrentar organizaciones criminales de las economías ilegales. El acompañamiento internacional en estas acciones es también esencial y en la Cancillería estamos en la tarea de ayudar a fortalecer ese apoyo externo.

Finalmente, usted le reiteró al Embajador de Cuba la solicitud de extradición de los jefes del ELN que siguen allá. ¿Ante la negativa, se podría llegar al rompimiento de relaciones con la isla?

Al Embajador le entregué copia de la nota que radicamos en La Habana el 15 de enero, relacionada con la extradición de alias Gabino, requerida por un Juzgado de Antioquia. La Cancillería hará seguimiento a la respuesta que las autoridades cubanas provean sobre a esa solicitud y las presentadas previamente. Esperamos que se cumpla el Tratado de Extradición entre los dos países, vigente desde 1932, y se garantice la cooperación judicial.

El regreso

¿Qué significa volver a la vida pública después de años de estar dedicada a otras tareas?
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Para mí es un honor contar con la confianza del presidente Iván Duque para asumir esta tarea. Aunque es un reto que implica menos tiempo para dedicar a mi familia, he recibido su apoyo y lo he asumido con mucha motivación porque es una nueva oportunidad de servicio público y porque la agenda de la política exterior es diversa y permite trabajar en muchos frentes que benefician al país.