Un ciudadano identificado como Nicolás Gómez Arenas impuso una queja disciplinara en la Procuraduría contra altos funcionarios del gobierno de Petro.
Según reveló SEMANA, Gómez impuso la queja porque los funcionarios “utilizaron las redes sociales de las entidades que representan para convocar a las movilizaciones de este miércoles 1 de mayo”.
“Me permito solicitar a la Procuraduría General de la Nación, como autoridad disciplinaria preferente, para que en ejercicio de sus funciones de control disciplinario se sirva investigar a los siguientes funcionarios públicos responsables de la dirección de ministerios y departamentos administrativos del nivel central por los siguientes hechos y consideraciones jurídicas que se citan a continuación”, se lee en el documento difundido por el medio antes mencionado que demuestra algunas evidencias al respecto.
Entre los nombres de los funcionarios que se pueden evidenciar en el documento se encuentran: Gloria Inés Ramírez, ministra del Trabajo; Luis Gilberto Murillo, ministro de Exteriores (e); Iván Velásquez, ministro de Defensa; Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre); Alexander López, director de Planeación; Gustavo Bolívar, director de Prosperidad Social; William Camargo, ministro de Transporte, y Luis Fernando Velasco, ministro del Interior.
En las evidencias del documento oficial se agregó una serie de trinos de X, los cuales hacen referencia a la marcha de este miércoles 1 de mayo.
Las publicaciones fueron realizadas desde las cuentas oficiales del Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Defensa, el Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre), el Departamento de Planeación, Prosperidad Social, Ministerio del Interior y Ministerio de Relaciones Exteriores.
“#LeMarchoAlCambio para seguir construyendo PAZ en los territorios a través del fortalecimiento de las economías populares y el desarrollo económico y social de las regiones. ¡Por la justicia social, la dignidad, el trabajo y la VIDA nos vemos en las calles el 1 de mayo!”, se lee en la cuenta de X de Prosperidad Social.
Según Gómez, se trataría de una ”omisión o extralimitación de las funciones” de los funcionarios mencionados, pues el artículo 209 de la Constitución establece: “La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones”.
Por ello, SEMANA reveló que el documento expresa que se violó “el Código Disciplinario por utilizar los cargos para intervenir en política y utilizar el empleo para presionar a particulares o subalternos a respaldar una campaña política o influir en procesos electorales”.