El asesinato de Miguel Ángel López, conocido como el funerario de Tibú, junto a su esposa Zulay Durán Pacheco y su bebé de 9 meses, ha dejado al descubierto la crueldad de la violencia que azota al Catatumbo, Norte de Santander. Este crimen no solo marca un punto álgido en la escalada del conflicto armado en la región, sino que también refleja las dinámicas de terror que enfrentan las comunidades atrapadas entre el ELN y las disidencias del frente 33 de las Farc.
Un oficio peligroso
Miguel López, quien trabajaba como funerario y activista social, era una figura conocida en la región por recoger y dar sepultura a las víctimas de los enfrentamientos armados. Este oficio, que requería adentrarse en territorios controlados por grupos ilegales, lo convirtió en blanco de amenazas.
“En esta zona, solo las funerarias pueden recoger los cuerpos. Nadie más entra, ni siquiera las autoridades”, comentó un habitante de Tibú. Su labor, percibida como neutral y desprovista de tintes políticos, no fue suficiente para protegerlo de las suspicacias de los actores armados, que lo asociaban con sus enemigos.
En los últimos meses, la violencia se intensificó, y Miguel fue señalado como informante en uno de los comunicados del ELN, donde se marcaba a presuntas personas vinculadas con las disidencias. Esto, al parecer, selló su destino.
La masacre
El pasado 14 de enero, Miguel, su esposa y sus dos hijos se dirigían a Cúcuta en un intento por escapar de las amenazas. Sin embargo, en plena carretera, una ráfaga de balas acabó con sus vidas. Solo su hijo mayor, de 8 años, logró sobrevivir al ataque.
El asesinato de la familia generó una ola de terror en la región. Comercios cerrados, rutas de transporte canceladas y caravanas de profesores abandonando la zona son apenas algunas de las reacciones al crimen. Según fuentes locales, al menos 100 personas están perfiladas en los comunicados de los grupos armados, lo que incrementa el miedo entre los habitantes.
Un panorama desolador
La Defensoría del Pueblo ha reportado más de 30 asesinatos recientes, incluyendo a cinco firmantes del proceso de paz. En Tibú y otras zonas De acuerdo con cifras oficiales, las comunidades afectadas en el Catatumbo han experimentado un incremento en las amenazas y el desplazamiento forzado, agudizando una crisis humanitaria que pone en evidencia la ausencia de garantías de seguridad para los habitantes.
Las autoridades insisten en la necesidad de activar rutas de atención inmediata para proteger a las personas en riesgo, mientras que prometen un aumento en la presencia militar en la región. Sin embargo, los habitantes viven con el temor constante de que nuevas masacres puedan ocurrir en cualquier momento.