La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia presentó este miércoles su informe anual que recoge, una vez más, un aumento de la violencia como en el caso de las masacres, así como los abusos contra la población civil por la expansión territorial de grupos armados ilegales.
Según el informe, en el 2023 se presentaron 98 masacres, seis más que en el 2022. Esos hechos dejaron 320 víctimas, y 105 asesinatos de defensores de derechos humanos, once menos que el año anterior, y aunque se registró una disminución del 9,5 % en este tipo de casos, la violencia contra este tipo de personas sigue siendo intolerable para la Oficina de Naciones Unidas.
“De nuestro balance de la situación en el 2023 preocupa que a pesar de existir una disminución en algunos indicadores de violencia, continúa la expansión territorial y las estrategias violentas de control social y territorial de grupos armados no estatales y organizaciones criminales con graves consecuencias para los derechos humanos”, explicó en la presentación del informe la representante en Colombia de esta oficina, Juliette de Rivero.
La violencia en los municipios
Según el informe de la ONU, en el 2021 la violencia afectaba a 156 municipios del país y actualmente ataca a 206 municipios de los 32 departamentos. El más afectado es Tame, en el departamento de Arauca, sin dejar de preocupar la situación que vive el pueblo indígena nasa en el Cauca.
El estudio no pasó por alto que durante el año pasado, en donde se celebraron elecciones municipales y departamentales, fueron asesinadas 46 personas con liderazgo político, de las cuales 11 eran candidatos.
También relacionó cifras en cuanto al reclutamiento, uso o utilización de niños en el conflicto armado; y aunque la ONU tiene un subregistro, se pudieron verificar 134 casos (86 niños, 42 niñas y 6 sin confirmación de género) por parte de grupos armados no estatales y organizaciones criminales, de los cuales más de la mitad eran indígenas.
Para terminar, desde la Oficina de la ONU apreciaron los pasos dados por el actual Gobierno colombiano hacia los derechos humanos, pero ecomendaron “fortalecer la gobernabilidad y el Estado de derecho en los territorios dada la preocupante situación de inseguridad”, mediante la implementación de las nuevas políticas de seguridad, desmantelamiento y drogas.
“Aunque esté negociando con grupos armados, debe garantizar la seguridad en las regiones y responder cuando se cometen ataques o violaciones de derechos humanos. Y en aras de llegar a las zonas más olvidadas con políticas sociales y también con la voluntad de cambiar las dinámicas de inversión social y económica de estas zonas”, afirmó De Rivero.
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