Si algo tienen claro los expertos en seguridad nacional, es que las estrategias militares se desgastan; pierden efectividad y es necesario reestructurar las fuerzas y las tácticas para hacer frente a los nuevos retos que plantea la criminalidad.
Esos cambios normalmente obedecen a unos estudios previos en los que se determinan, entre otras cosas, si la capacidad del enemigo ha sido reducida de tal manera que se debe transformar la fuerza para responder en otros escenarios o si, por el contrario, la amenaza persiste y es necesario fortalecer esas fuerzas e incrementar operaciones y pie de fuerza.
Resulta por eso contradictorio para algunos analistas que con las disidencias arreciando sus actos terroristas, el ELN anunciando que no firmarán la paz con el gobierno de Gustavo Petro y el Clan del Golfo fortaleciéndose en todo el país, se ordene una reestructuración en las Fuerzas Militares que elimina los Comandos Conjuntos y las Fuerzas de Tarea, artífices de las mayores victorias militares en las últimas décadas en Colombia.
Más allá de que el Gobierno Nacional asegurara, a través del ministro de Defensa, Iván Velásquez, que la nueva estructura “fortalece las Fuerzas Militares sin afectar la colaboración ni las operaciones conjuntas”, expertos consultados por El País califican esta reorganización como un paso atrás en materia de seguridad.
“Los comandos conjuntos continuarán, pero ahora dedicados a tareas de planeación y análisis estratégico en los territorios donde operan. Las operaciones directas recaerán en los comandantes de cada Fuerza”, explicó el ministro Velásquez, y reiteró que estos cambios no debilitan a las FF.MM. ni implican la desaparición de unidades o la reducción de personal.
Sin embargo, analistas como Manfred Grautoff, asesor y consultor en seguridad nacional, advierten que este tipo de cambios son necesarios porque las estrategias se van desgastando, pero que “el Gobierno ha sido muy ligero a la hora de dar esa transformación sin estudios previos y desconociendo la realidad actual del país”.
“En estos momentos las organizaciones armadas ilegales van en expansión y no hay avances en la política de la paz total; al punto que grupos como el ELN se atreven a increpar al gobierno sobre que no es claro el escenario de negociación, entonces esta decisión de cambio en la forma de operar de las Fuerzas Militares se da en un pésimo escenario”, asegura.
Se suma a ello la falta de condiciones en la que operan hoy las fuerzas de seguridad: el poder de los aviones Kfir está en tierra, se ha presentado la caída de ocho helicópteros, hay 18 aeronaves de las distintas fuerzas paradas por falta de mantenimiento, hay una reducción en el número de militares y buena parte de la experiencia, inteligencia y capacidad militar se ha reducido con el retiro forzado de varios de los altos mandos. De ahí la sensación de que el Gobierno está empecinado en debilitar las Fuerzas Militares.
Un aspecto en el que coincide José Luis Aristizábal, especialista en estudios políticos y resolución de conflictos de la Universidad del Valle, quien teme que el desmonte de la cooperación entre los componentes militares reviva casos como la masacre de Potrerito, en zona rural de Jamundí, donde militares asesinaron a diez policías por falta de información compartida sobre planes operativos.
“Faltan más tareas de inteligencia entre las distintas fuerzas en estos momentos, más cuando se incrementaron las acciones violentas de los grupos al margen de la ley. Al reducir o eliminar ese trabajo conjunto se puede ceder terreno ante estas organizaciones ilegales, especialmente en territorios como Valle y Cauca, donde ya vivimos ese terrorismo que pone en duda la actual estrategia militar”, agrega Aristizábal.
Un paso atrás
Aunque es incierto si los cambios que propone el Gobierno van a generar alguna acción contundente en la lucha contra los grupos armados, lo que perciben los analistas es que las Fuerzas Militares han retrocedido en su accionar.
Así lo considera el coronel del Ejército (r) Carlos Ortiz, líder de la reserva activa en el Cauca, al señalar que: “Eliminar Fuerzas Especiales como la Omega, disminuye por completo la capacidad operativa de las FF.MM. porque estas estaban creadas para perseguir objetivos de alto valor y eso dio grandes resultados como la neutralización de terroristas de las Farc como ‘Mono Jojoy’ o ‘Raúl Reyes’”.
“Estamos retrocediendo en la coordinación de trabajo conjunto entre las fuerzas para enfrentar la delincuencia. Nos costó mucho aprender a trabajar bajo esa línea de pensamiento, que está dentro de la doctrina miliar, pero no se había aplicado y al ponerla en práctica generó mucho recelo, pero al final permitió grandes logros militares y este cambio sin lugar a dudas es un paso hacia atrás en las tareas de seguridad nacional”, dice el coronel (r) Ortiz.
Por su parte el experto en seguridad, defensa y justicia, Hugo Acero, cree prematuro hablar de las consecuencias de reformar las FF.MM. “aunque sí genera dudas por los recientes y reiterados ataques contra la Fuerza Pública en diferentes zonas del país, como los sucedidos el viernes 8 de noviembre en Jamundí y en el corregimiento de El Plateado”, pero aclara que la expectativa es porque ya no estamos ante grupos guerrilleros o paramilitares con alguna ideología política, sino ante verdaderas mafias nacionales y trasnacionales dedicadas al narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y la trata de personas, entre otros.
“Hasta ahora se conoce, de manera general, la decisión y orden de suprimir las Fuerzas de Tarea Conjuntas y algunos comandos específicos, lo que exige cuidados y comprensión estratégica muy claras sobre la naturaleza de los fenómenos de violencia y delincuencia que hoy enfrenta Colombia”, señala Acero.
Cuestión de confianza
Coinciden los expertos en que parte de la estrategia debe ser el trabajo para crear más confianza entre las comunidades y que estas últimas se fortalezcan bajo objetivos comunes como la seguridad nacional, especialmente en el suroccidente del país.
El asesor en seguridad Manfred Grautoff señala que el Estado debe recuperar los territorios invirtiendo en lo social para que las Fuerzas Militares permanezcan en el corazón de las comunidades y no terminen instrumentalizadas por los grupos ilegales, como ocurre en el Cañón del Micay, en el Cauca, donde los campesinos son carnetizados por las disidencias, y son presionados para enfrentar a los soldados.
Ninguna estrategia, coinciden los analistas, tendrá éxito mientras no exista una política integral de apoyo a las comunidades controladas por organizaciones criminales.
En ese sentido, dicen, ninguna reestructuración en las Fuerzas Militares será exitosa y permanente, pero tampoco generan confianza unas Fuerzas Militares que se reducen a la par en que incrementan poder los grupos armados ilegales.