Miles de motociclistas provocaron atascos durante una protesta este miércoles en Bogotá por las restricciones a su circulación impuestas por la alcaldesa Claudia López, que justificó la medida ante la inseguridad y la "amenaza terrorista" que se cierne sobre la capital colombiana de cara a las presidenciales.

Agrupados en gremios, los motociclistas llevaron a cabo el llamado "plan tortuga" en rechazo a una ordenanza que les prohíbe llevar acompañantes en las noches de jueves a sábado.

Los motoristas avanzaron lentamente por varias vías, causando atascos al término de la jornada laboral.

Según datos de la alcaldía, uno de cada cuatro homicidios en la capital son cometidos por agresores en moto. Los robos de celulares - uno de los delitos que más golpean a los bogotanos - suelen involucrar a esos vehículos.

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Son "cifras que están desfasadas y que lo único que buscan es señalarnos, atacarnos, acusarnos, mostrarnos como los malos del paseo", reprochó José Manuel Garzón, de la Asociación de Motoclubes de Bogotá, en declaraciones a la prensa.

Los motoristas alegan que las medidas tienen un "impacto social" significativo, pues impiden que se transporten con familiares a sus lugares de estudio o de trabajo.

Con ocho millones de habitantes, en Bogotá circulan más de medio millón de motos.

La alcaldesa decidió restringir temporalmente llevar acompañante en esos vehículos dentro de un paquete de resoluciones contra "la amenaza criminal y terrorista" que, según López, enfrenta la ciudad de cara a las elecciones presidenciales del 29 de mayo.

"Nuestra ciudad y nuestras familias están bajo amenaza criminal y terrorista por el certamen electoral muy tenso y polarizante que estamos viviendo", declaró López en un video publicado el martes.

La mandataria decretó también que los motoristas lleven el número de matrícula en el casco y la indumentaria y anunció un refuerzo de 1.000 policías.

Ante el caos en el tráfico provocado por la protesta, la alcaldesa invitó a los representantes de los motociclistas a una reunión este miércoles. Queremos "escucharlos y cerrar los ajustes finales al decreto. Todos aportamos y todos cuidamos nuestra seguridad y convivencia", afirmó en un tuit.

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Bogotá entró en alerta tras dos atentados con explosivos en el último mes contra estaciones policiales. El 26 de marzo dos niños murieron y 39 civiles más resultaron heridos por el estallido de una carga en cercanías de un puesto de mando en Ciudad Bolívar, una localidad de barriadas pobres.

Días antes, el 5 de marzo, otro puesto policial fue atacado en la misma zona, sin que se produjeran víctimas.

Las autoridades atribuyeron la ofensiva a las disidencias que se apartaron del acuerdo de paz que condujo al desarme, en 2017, de la ya extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).