Susana Muhamad, ministra de Ambiente, recientemente confirmó que se levantó la suspensión de la exploración del pozo de gas Uchuva-2 ubicada en el Caribe colombiano. Esta decisión se debe a que el juez que dio la orden de la interrupción no tuvo en cuenta aspectos técnicos que podrían poner el riesgo el proyecto o generar una contingencia ambiental.
“Con el trabajo de la ANLA y del Ministerio de Minas y Energía, se logró levantar la suspensión del otro pozo de aguas profundas que es Uchuva y que allí precisamente continua el proceso que son los pozos más maduros en agua profunda”, aseguró Muhamad en una declaración a medios de comunicación.
El Juzgado IV Laboral del Circuito de Santa Marta ordenó suspender temporalmente la exploración del pozo Uchuva-2. Sin embargo, una organización indígena reclamó argumentando no haber sido tenida en cuenta en los temas de consulta previa.
Diversos actores, como el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, habían reiterado en múltiples ocasiones la necesidad de continuar con las exploración del pozo, en un momento donde el país atraviesa distintas contingencias en materia energética.
“Son la resiliencia energética que necesita el país para la transición”, destacó la jefe de la cartera ambiental haciendo referencia al pozo Uchuva-2 y Komodo.
Muhammad, reconoció la importancia de este tipo de exploraciones en la transición energética, pues destacó tres elementos claves para garantizar una transformación segura. Además, resaltó que la seguridad energética es factor determinante dentro de la transición energética, y estos pozos juegan un papel fundamental allí; también se deben respetar y velar por implementar condiciones justas de transición para las comunidades y los trabajadores de la industria; y por supuesto, formular un plan que vaya generando las condiciones de la nueva energía en el tiempo.
En dicha misma rueda de prensa, la ministra se refirió al pozo Komodo, ya que aseguró que están ultimando detalles de un concepto favorable que permita a la ANLA determinar el siguiente paso para continuar con el proceso.
Cabe recordar que hace unos pocos días la Procuraduría General de la Nación había solicitado la anulación de fallo de tutela del juez del tribunal de la capital del Magdalena. Los argumentos del ente de control se basaban en que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) siguiera de cerca la situación para garantizar los derechos de la comunidad indígena.
“Se solicita revocar el fallo impugnado y en su lugar ordenar a la Anla que a través del seguimiento y control ambiental a las disposiciones, obligaciones, términos, condiciones y estipulaciones señaladas en la licencia ambiental y sus actos modificatorios, garantice el derecho de participación ciudadana de las comunidades interesadas, en espacial, el cabildo indígena Taganga”, dijo en su momento la Procuraduría.
*Con información de Colprensa y redacción de El País