El nuevo escándalo de  'Chuzadas', que estalló el pasado fin de semana al conocerse las interceptaciones ilegales a más de 130 personalidades del país, entre ellos congresistas, funcionarios de la Casa de Nariño y periodistas, llegará a un gran debate de control político que precisamente es liderado por uno de los partidos de gobierno: el Conservador.

El promotor del mismo es el senador antioqueño Juan Diego Gómez, quien manifestó que “hemos citado al ministro de Defensa, a la ministra del Interior, al comandante del Ejército, al director de la Dirección Nacional de Inteligencia, al jefe del comando conjunto de Inteligencia del Ejército y al comandante de las Fuerzas Militares, porque creemos que es un hecho muy grave y sobre esto deberán responder por esos famosos perfilamientos que hacen de los ciudadanos y creemos que es fundamental que se encuentren los responsables y se tomen las medidas”.

Lea también: ¿Qué alternativas estudia el presidente Duque para después del 11 de mayo?

Gómez, en el amplio cuestionario al ministro Carlos Holmes Trujillo, le pide que responda, por ejemplo, ¿en qué consisten las actividades de inteligencia y contra inteligencia de las Fuerzas Armadas?, ¿Existe un marco normativo al interior del Ministerio que regule la realización de estas actividades?, ¿Quién o quiénes se encuentran autorizados para ordenar y ejecutar actividades de inteligencia y contrainteligencia al interior del Ministerio y/o las Fuerzas Armadas?, ¿Requieren las actividades de inteligencia y contrainteligencia autorización judicial previa?.

Igualmente, el Mindefensa debe responder ¿en qué consiste el perfilamiento de un ciudadano y con qué fin se realiza? ¿desde cuándo se realizan estas labores de perfilamiento al interior de la institución?
¿cuenta el Ministerio de Defensa y/o las Fuerzas Armadas con herramientas tecnológicas que les permitan acceder a los correos electrónicos y/o llamadas de un sujeto de perfilamiento?.

El senador del Partido de la U Armando Benedetti, sostiene que esta situación cada vez se parece más al caso del exministro de la Defensa, Guillermo Botero, a quien le iba a aplicar la moción de censura ante la serie de equivocaciones y posibles encubrimientos que hizo desde el cargo, como por ejemplo ejecuciones extrajudiciales de exmilitantes de las Farc, y el encubrimiento de un operativo militar en el cual murieron al menos siete menores de edad en un campamento en el cual estaba un jefe de la nueva guerrilla que conforman, entre otros, Iván Márquez y alias el ‘Paisa’.

Otro senador que se pronunció sobre la gravedad del caso y de los que se debe darse desde el Congreso, es el santandereano de Cambio Radical Richard Aguilar, el cual dice que “esto es gravísimo, lesiona enormemente la libertad de prensa y las garantías de la oposición. El Gobierno debe enfocar las investigaciones para descubrir a los verdaderos cerebros de estos planes macabros y no en chivos expiatorios, exigimos celeridad”.

Uno de los senadores chuzados, Iván Cepeda, del Polo Democrático, no descarta que se pueda llegar a una moción de censura, pero es claro que por el momento “no nos queda ninguna otra salida distinta a emprender las acciones pertinentes ante la justicia nacional e ir a llevar la información detallada de todos estos hechos a las instancias internacionales de protección de derechos humanos y ante el Congreso de Estados Unidos, puesto que no hay que olvidar que esta operación se financió con dineros de cooperación internacional aportados por ese país”.

La moción de censura es la máxima sanción que le puede imponer el Congreso de la República a los ministros, lo cual les llevaría a que renuncien a su cargo. En noviembre del año pasado en el Senado el exministro Guillermo Botero ya había perdido el respaldo de la mayoría de los senadores, entre ellos los partidos de gobierno, por lo que tuvo que renunciar antes de hacerse la votación.

Desde las filas del Centro Democrático, el senador Ciro Ramírez, aunque destacó que se están haciendo las investigaciones internas, pidió que se conozcan nombres de las personas que hicieron estos seguimientos. “Es importante ponerle nombre a estos responsables para no manchar una institución cuya imagen se está poniendo en duda, que es el Ejército Nacional. Es importante que se conozcan desde el Congreso cuáles son los controles que se están implementando para que esto no vuelva a suceder”, señaló.

El debate está convocado para hacerse en la Comisión Segunda del Senado de la República, y según se informó por la mesa directiva de la misma, se está programando para esta misma semana ante la gravedad de los hechos.