La Misión de Observación Electoral (MOE), en su labor de constante monitoreo permanente de la violencia política, con el fin de identificar tendencias y patrones de acuerdo al comportamiento de este flagelo y así poder emitir recomendaciones para poder hacerle frente a la misma.
En ese sentido, han lanzado un reciente informe en el que hablan sobre la violencia en contra de líderes políticos, sociales y comunales en el país, lo cual constituye una amenaza a la democracia en cuanto limita la participación y representación de la población en la fiesta electoral próxima del 29 de octubre.
Aseguran que la violencia es un medio para imponer o silenciar posturas, procesos y demandas, afectando los procesos democráticos dirigidos por estas personas.
En este informe, con fecha de corte al 29 de septiembre, se hace un análisis de la violencia política durante los primeros 11 meses del calendario electoral para las elecciones regionales que se celebrarán a finales de octubre y que inició justo un año antes de esta fecha con el proceso de inscripción de cédulas y grupos significativos de ciudadanos.
Según el informe, durante estos primeros 11 meses de estudio, se han registrado 653 hechos de violencia contra líderes sociales, políticos y comunales, de los cuales 436 son contra los liderazgos políticos. Este tipo de violencia contra este sector se incrementó en un 92% frente al 2019, en cambio, la ocurrida contra los líderes sociales disminuyó en un 15,6% en relación con el mismo periodo.
Así mismo, destaca que 179 acciones de violencia en contra de liderazgos políticos han sido dirigidos a candidatos que hacen parte de las elecciones regionales para el próximo periodo del 2024 - 2027. De este número, 30 corresponden a violencia letal, donde se han presentado 22 atentados y 8 asesinatos. En lo que se refiere a territorios, en los departamentos de Nariño, Valle del Cauca, Cauca, Antioquia y Santander se concentran el 33,5% de los casos de violencia y el 56,7% de la violencia letal contra candidaturas.
El informe hace referencia también al accionar y la presencia de los grupos armados ilegales (GAI), donde señala que se han presentado concretamente 1.352 hechos violentos, de los cuales 947 son acciones armadas y 405 de amedrentamiento, lo que representa entonces un aumento del 127%, frente a las ocurridas en el 2019.
No obstante, se resalta que estos hechos violentos ya venían presentando un incremento desde las elecciones presidenciales del 2022, lo que generó un aumento en la violencia del 66%.
Según el documento, se presenta un análisis de la relación entre presencia de grupos armados ilegales y la violencia contra lis liderazgos. De acuerdo a este informe, señala que no necesariamente el incremento de la presencia de los grupos armados ilegales explica toda la violencia y, específicamente, la violencia contra los líderes políticos y sus candidaturas.
De hecho, al menos una tercera parte de los hechos violentos letales contra las candidaturas, que presentan un 30%, no se produce en los municipios con riesgo por la presencia de grupos armados ilegales. También resalta que el cese al fuego con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) pudo haber significado un impacto positivo al bajar los niveles de incremento de la violencia contra los liderazgos en algunos municipios donde este grupo hace presencia.
Por último, desde la MOE reiteran una serie de recomendaciones de cara a las elecciones regionales del 2023 en el país. Estas van dirigidas a la toma de decisiones de manera oportuna que con el tiempo ayuden a garantizar la seguridad y proteger la vida e integridad de la ciudadanía, los cuales, a través de los medios democráticos, buscan influir en las decisiones electorales que afectan sus comunidades.