El Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó a la Nación por la captura en su momento del exdiputado del Valle Sigifredo López, quien fue investigado por su presunta participación en el secuestro de once de sus compañeros en la Asamblea del Valle en abril de 2002.

La Sección Tercera del Tribunal declaró responsable a la Fiscalía por los perjuicios que sufrió López durante la detención que se ordenó en ese momento, hecho que conmocionó al país porque se estaba señalando a López de traicionar a sus propios compañeros.

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El Tribunal ordenó pagar una indemnización de $602 millones a López y su familia por concepto de daño emergente, lucro cesante, perjuicios morales, violación de los derechos a la honra y el buen nombre.

Igualmente, ordenó que la sentencia esté visible en la página web de la Fiscalía y que se publique en un diario de circulación nacional.

Además, ordenó a la Fiscalía para que en futuras actuaciones "tenga presente que debe ser muy cuidadosa en la vinculación de personas a investigaciones penales y, en especial, en las medidas privativas de la libertad que imponga, pues, según la magnitud de los delitos y la publicidad que se realice de los hechos investigados, pueden afectar derechos como el buen nombre y la honra, y por ende, afectar el patrimonio público".