El departamento del Cauca, cuya población es la mitad de todos los habitantes que tiene la ciudad de Cali, resume en su territorio todos los fenómenos de violencia, conflictos sociales y consecuencias del abandono estatal que padece Colombia.
Con solo el 2,56% de todo el territorio nacional, el Cauca condensa la violencia armada, el conflicto de tierras, el narcotráfico, la minería legal, el incremento de los cultivos de uso ilícito, los ataques terroristas, la guerra entre pandillas, la violencia racial y todo cuanto fenómeno violento pueda existir.
Una situación que sus habitantes vienen padeciendo durante años, pero que cobró notoriedad en las últimas semanas cuando retumbaron en los medios noticias como la muerte de varios líderes sociales, una masacre en Santander de Quilichao, el asesinato del alcalde de Guachené, la disputa entre indígenas por tierras, desapariciones, reclutamiento de menores y el aumento de los combates entre el ELN y disidencias de las Farc por el control territorial.
El poco interés del gobierno de Iván Duque por implementar los acuerdos de paz con las Farc, sumado a la entrega del territorio a los grupos armados y el silencio de las armas de la Fuerza Pública en el mandato actual de Gustavo Petro, son en parte las razones que explican la situación actual del Cauca.
Lucio Güetio Campo, quien ha ejercido como periodista y consejero de la Asociación de Cabildos Nasa, explicó que durante años vivieron el conflicto armado con las Farc y que tras la firma del proceso de paz, están viviendo una ola de violencia más compleja.
“Antes de la firma del acuerdo sabíamos que había un conflicto entre dos actores armados: la subversión y el Estado colombiano, pero tras la firma se recrudece la violencia hacia las comunidades indígenas que vivimos y defendemos el territorio. Tras la firma, empieza la disputa territorial entre grupos armados y con ello un sinnúmero de violencias, atentados, amenazas, desaparición, reclutamiento, asesinatos y arremetidas contra cabeceras municipales”, explica el líder Nasa.
Agrega que: “Con la llegada de Gustavo Petro y su política de paz total, hemos dicho que como comunidad indígena y como actor civil deberían tenernos en cuenta en los procesos de paz con el ELN y las disidencias, y que el diálogo se realice en el territorio y no fuera del país. Porque estos actores armados perdieron el horizonte político y no les importa la vida ni disparar contra un niño o un mayor de edad. Somos nosotros quienes estamos viviendo y padeciendo la ola de violencia más compleja de los últimos años”.
Al cierre del 2023, sin datos de 30 y 31 de diciembre, ocurrieron en el Cauca 8 masacres en las que fueron asesinadas 30 personas, casi todas en el norte del departamento, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz. En cuanto a líderes sociales y defensores de derechos humanos que han muerto de manera violenta, señalan las cifras de Indepaz que son 39 los asesinados este año, incluidas 7 mujeres.
El único débil es el Estado
Con la ‘paz total’ que busca implementar el gobierno de Gustavo Petro, señalan expertos que los únicos fortalecidos son los grupos armados ilegales; quienes se encuentran más débiles son el Estado y las Fuerzas Armadas, y quienes han quedado más desprotegidos y contando muertos son sectores indígenas y campesinos del Cauca.
“Es una tragedia lo que está ocurriendo en el Cauca; que sí es un caldo de cultivo de la criminalidad. Es la estrategia de abandonar el Estado de Derecho en ese territorio; y lo más grave de todo esto es que cientos de colombianos que están allí, poblaciones indígenas, afros, que tuvieron mucha expectativa de que les cumplieran con unos compromisos, de que les respetaran sus derechos, están hoy sometidos al emporio de la criminalidad”, dijo al respecto el fiscal general, Francisco Barbosa.
“La presencia estatal es lo único que se debilita en el Cauca; porque mientras la Fuerza Pública permanece como espectadora de lo que ocurre en esta parte del país, los grupos ilegales siguen fortaleciendo su capacidad bélica a través del narcotráfico y la minería ilegal”, asegura el analista Diego Luis Sánchez.
Pero mientras el Cauca es un hervidero, el director de la Policía Nacional, general William Salamanca, anuncia que solo a partir de febrero se activará la ‘Operación Cauca’ con 600 hombres y un comando de distrito especial para frenar la violencia en esta región. Pero al anuncio no genera mayor expectativa.
“No han dejado entrar las Fuerzas Armadas a El Plateado, un caserío en el municipio de Argelia controlado por disidencias, y aún así anuncian que se van a tomar el Cauca, donde hay territorios más grandes dominados completamente por organizaciones armadas”, asegura un empresario con inversiones en el Cauca.
Jorge Luis Yarce, catedrático y politólogo, aseguró que hay un interés de parte del Gobierno pero las exigencias cada vez mayores por parte de los actores armados hace cada vez más difícil una negociación.
“En la medida en que esas tensiones de la negociación se van exacerbando y se van llevando a demostraciones de fuerza, violencia y presencia territorial, pues vamos a ver un incremento de la confrontación”, aseguró Yarce.
Afecta al Valle
Toda acción que ocurra en el norte del Cauca, afecta la tranquilidad en el sur del Valle. Por eso la gobernadora electa, Dilian Francisca Toro, se ha propuesto liderar la llamada ‘Alianza del Pacífico por la Seguridad’.
“Buscaremos cerrar esos corredores que usan las bandas criminales para alimentar su negocio. También priorizaremos la recuperación del control territorial y la institucionalidad en zona rural de Jamundí con presencia de la Fuerza Publica, obras de inversión social y generación de empleo”.
Indígenas viviendo en medio de dos fuegos
Hacer valer la autonomía sobre el territorio, y el derecho a vivir alejados del conflicto armado, es hoy por hoy la tarea más riesgosa en el Cauca.
Eso le habría costado la vida al docente y comunero Jhon Freiman Ramos, ejecutado junto a su esposa y su hija de 15 años de edad el pasado 22 de diciembre por hombres armados que llegaron hasta su residencia en la parcelación Nuevo Carbonero, en el Resguardo Canoas, a pocos minutos de Santander de Quilichao. Posteriormente, otras dos personas de la comunidad fueron asesinadas.
“Por más que se estableció un cese bilateral del fuego con las disidencias y el ELN, es real que estos grupos armados se encuentran enfrentados a muerte por el control territorial en el Cauca y la comunidad quedó en medio del fuego”, sentencia un periodista judicial asentado en Popayán.
Tanto las disidencias como el ELN, que ha reactivado dos frentes para esta lucha, se están disputando a muerte el control sobre el Macizo, que es la zona del Cauca que no controlan las disidencias.
“En medio de esa guerra, si una comunidad rechaza la presencia de las disidencias, dicen que es colaboradora del ELN y viceversa; entonces llevamos siempre las de perder”, dice un líder indígena que omite su nombre porque no es vocero oficial de su resguardo.
La liberación violenta de la ‘madre tierra’
Las imágenes conocidas una semana atrás, y que en minutos se hicieron virales a través de grupos de WathsApp y redes sociales, son escabrosas. Una disputa violenta entre indígenas del Cauca por un predio cerca a Popayán que dejó varios heridos y algunas viviendas incineradas.
Mientras conduce en busca de atención médica, un integrante de Asoinca, un sindicato de docentes considerado uno de los más poderosos del Cauca, con una herida abierta en el rostro pide a las autoridades que los protejan porque fueron atacados con armas blancas y algunas armas de fuego por indígenas de la comunidad Nasa.
“En el día de hoy a las 3:00 de la mañana fuimos víctimas de comunidades indígenas del norte del Cauca, criminales que ingresaron en nuestras parcelas, incendiando las casas, amarrando a las profesoras, torturando a unas compañeras, dándonos machete, quemándonos papas bomba. Hoy me cortaron la cara como ustedes pueden ver y esto es una denuncia pública que hago al Cric para que se responsabilice y tome medidas en el asunto”, dicen el hombre con el rostro ensangrentado.
“Soy un docente indígena, Yanacona, a mucho honor, y me parece un crimen eta barbarie que están haciendo los compañeros indígenas”.
El predio en disputa es un lote que pertenece a la curia, ubicado en la hacienda Balcones, donde indígenas del pueblo Paez lograron que les reconocieran que parte de ese predio fue un cabildo, pero los indígenas pretenden que se les anexe aún más territorio, justo donde el poderoso sindicato de profesores Asoinca.
Gustavo López, docente y miembro de Asoinca, denunció que los atacantes, fuertemente armados con explosivos, son integrantes del resguardo San José de Julumito, quienes llegaron a atacar en la madrugada del 22 de diciembre.
“Fueron tres profesores heridos de gravedad, uno de ellos con un brazo casi amputado, otro con una cortada en el rostro y uno más con heridas en su cabeza. Incluso, tenemos en la comunidad a un protegido por la UNP y el escolta fue despojado de su arma de dotación”, denunció López.
Minutos más tarde, un comunicado del Cabildo Indígena de San José de Julumito del Pueblo Paez desmiente esas denuncias y asegura que fueron los docentes de Asoinca quienes los agredieron con armas cuando llegaron a tomar posesión de un predio ancestralmente perteneciente a su comunidad.
“Este predio, “que ha sido ancestralmente ocupado por nuestras comunidades indígenas y luego parcelado en la época de la República, constituye la única posibilidad para nosotros de acceder a la tierra y, por ende, evitar nuestro exterminio como pueblos indígenas”, dicen.
Ambas organizaciones indígenas han pedido a la Fiscalía General de la Nación iniciar las investigaciones para determinar lo ocurrido.
“Asoinca, que es un sindicato muy organizado, compró parte de ese predio para un proyecto habitacional para profesores y los indígenas se metieron al predio como parte de la política de expansión territorial de las comunidades indígenas que se viene aplicando desde el 2016, aproximadamente, y se ha incrementado lo que ellos llaman la ‘liberación de la madre tierra’. Y no solo en esa parte de Popayán sino en Piendamó, Cajibío, Timbío, Sotará, entre otros”, explicó desde Popayán un periodista que conoce bien el tema.
Indígenas contra afros
Pero no son solo indígenas contra indígenas son los que vienen atizando la lucha entre comunidades por el control de algunos predios. Recientemente se registró también en Corinto una confrontación entre indígenas, comunidades campesinas y consejos comunitarios afro del norte del Cauca que deja varias personas heridas y algunas muertas.
También en Caloto, en el sector Alto del Palo, se registraron enfrentamientos entres afros que exigían con bloqueos de las vías el respeto por su derecho al trabajo y al territorio que venía siendo impedido por indígenas del Naya de Toribío y cerraron una vía.
Varias de las acciones de toma de tierras por la fuerza en el norte del Cauca, en general por resguardos indígenas, respondía a una supuesta nueva política agraria que les permitiría con Gustavo Petro acceder a tierras en el departamento que están en propiedad de ingenios, de comunidades afro y de empresarios.
Esta misma confrontación llevó a que el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) se fueran en contra de la vicepresidenta Francia Márquez por una propuesta relacionada con la consulta previa que había lanzado durante una visita a Suárez (Cauca).
El malestar de los indígenas radicó en el presunto interés del Gobierno de Gustavo Petro de reglamentar la Ley 70 de 1993 y “dejar de gastar los recursos públicos” realizando consultas previas con los pueblos indígenas” y que aseguró Márquez, según la Cric, que “esos recursos ahorrados serían “destinados a garantizar el acceso al agua potable a las comunidades del Cauca y del pacífico colombiano”.
Situación que deja a Márquez como parte en favor de los afros en la disputa territorial contra indígenas.