El fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, quien renunció este miércoles en medio de la controversia por la no extradición a EE.UU. del exguerrillero de las Farc Jesús Santrich, enfrentó en los casi tres años en el cargo escándalos como el de Odebrecht y el del empresario Carlos Mattos, exrepresentante de Hyundai en el país.

Martínez nació en la capital colombiana en 1954 y fue ministro de la Presidencia entre agosto de 2014 y junio de 2015, en el segundo Gobierno de Juan Manuel Santos, quien lo postuló para dirigir la Fiscalía en una terna enviada a la Corte Suprema de Justicia.

El hasta hoy fiscal es abogado de la Universidad Javeriana y especialista en Ciencias Socio-Económicas y Derecho Comercial, así como magíster en Sociedades del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam).

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Hijo de Humberto Martínez Salcedo, un carismático humorista de la televisión colombiana que durante décadas encarnó al personaje del albañil Salustiano Tapias, Martínez escaló posiciones como abogado brillante en el mundo empresarial, lo que le abrió las puertas del servicio público y de la política.

Comenzó en los años 80 como funcionario de la Superintendencia de Sociedades, de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) y de la Comisión de Organismos de Supervisión Bancaria de América Latina y el Caribe.

Igualmente hizo parte de la Junta Directiva del Banco de la República (emisor), fue embajador de Colombia en Francia y fundador del Centro de Arbitraje y Conciliación de la CCB.

Al Poder Ejecutivo llegó como ministro de Justicia del presidente Ernesto Samper (1994-1998), luego ocupó la cartera de Interior con Andrés Pastrana (1998-2002) y Santos lo elevó al rango de "superministro" al designarlo al frente del Ministerio de la Presidencia, cargo que no existía en el gabinete y que fue creado prácticamente a su medida.

Tras un breve regreso a la actividad privada como abogado del conglomerado empresarial de Luis Carlos Sarmiento Angulo, el hombre más rico de Colombia, Martínez fue elegido fiscal para un periodo de cuatro años que comenzó el 1 de agosto de 2016 y que dejó inconcluso al renunciar este miércoles.

Desde entonces tuvo que ocuparse de casos espinosos como la corrupción de la constructora brasileña Odebrecht y en la Corte Suprema de Justicia, el continuo asesinato de líderes sociales y el atentado terrorista contra la Escuela de Cadetes General Santander que dejó 22 muertos, entre otros.

Pese a que durante su gestión la Fiscalía ordenó la detención de varios políticos que luego fueron condenados por recibir sobornos de Odebrecht, sus críticos cuestionan su imparcialidad pues le acusan de blindar a sus antiguos patrones ya que una de las empresas implicadas en el escándalo es Corficolombiana, de propiedad de la familia Sarmiento Angulo.

Hace unos meses fue blanco de protestas de ciudadanos que exigían su renuncia, descontentos con su actuación en el caso Odebrecht, y también en el de Santrich, cuya extradición defendió hasta último momento.

La indignación por el caso Odebrecht cobró fuerza en noviembre de 2018 cuando Noticias Uno emitió una entrevista grabada tres meses antes con el ingeniero Jorge Enrique Pizano, testigo clave en la trama de corrupción, en la cual aseguró que el fiscal conocía desde 2015, cuando era abogado del grupo de Sarmiento Angulo, las irregularidades de las que fue acusado.

Pizano falleció el 8 de noviembre pasado de un paro cardíaco y tres días después murió su hijo Alejandro, luego de beber una botella de agua que encontró en el escritorio de su padre y que contenía cianuro.

En otro caso, el abogado Alex Vernot, defensor de Carlos Mattos, expresidente de Hyundai Colombia, denunció penalmente a Martínez por obstrucción de la justicia.

Según Vernot, Martínez omitió información importante para el caso de corrupción que se le sigue a Mattos, fugado a España, a quien asesoró jurídicamente en 2015.

En la denuncia se indicó que el fiscal solo se declaró impedido para investigar al empresario luego de 21 meses de abierto el proceso contra Mattos, acusado de sobornar a jueces para que fallaran a su favor en una millonaria demanda contra la coreana Hyundai Motor Company.

Su gestión también fue salpicada por el nombramiento, en octubre de 2016, como fiscal anticorrupción de Luis Gustavo Moreno, quien en mayo del año pasado fue extraditado a Estados Unidos y condenado por recibir miles de dólares en sobornos de un político colombiano investigado.

Como fiscal, Martínez apoyó a la justicia de Estados Unidos en el pedido de extradición de Santrich, solicitado por narcotráfico, pero la decisión de la JEP de rechazarlo precipitó su renuncia este miércoles.