Durante la Cumbre de Gobernadores, realizada el día de hoy en Villa de Leyva, Boyacá, Nubia Carolina Córdoba, mandataria del departamento del Chocó, lanzó un fuerte llamado al Gobierno Nacional para que actúe ante la creciente crisis humanitaria y de seguridad que se está presentado en dicha región del Pacífico.
De acuerdo con lo que dijo Córdoba, el departamento enfrenta una emergencia por los constantes enfrentamientos de grupos armados ilegales, los cuales ha traído consigo: bloqueos en las principales vías, presencia de banderas alusivas a estos grupos, cilindros bombas y el confinamiento de varias comunidades que han quedado atrapadas en medio del conflicto.
“Yo jamás había visto las vías de mi territorio, selladas con banderas y pipetas (cilindros bomba)”, declaró en medio del evento.
Frente al paro armado que afronta dicha región, anunciado por el ELN, declaró que: “he insistido que en el departamento se requieren medidas extraordinarias para atender a la ciudadanía, declaró Córdoba, ya que expuso que por más de dos años, la movilidad en el departamento está severamente restringida debido a la instalación de artefactos explosivos y la presencia de estructuras criminales como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo, quienes disputan el control del territorio.
Además, expuso que hasta los ríos están bajo el control de estos grupos y las carreteras han sido cerradas con explosivos, así que, informó que la economía del departamento está paralizada. Los mandatarios locales no podemos, después de diez paros armados, seguir solos”, resaltó.
Más allá del impacto en la movilidad, la mandataria alertó sobre la delicada situación humanitaria que afecta a comunidades indígenas y afrodescendientes, muchas de las cuales han quedado aisladas sin acceso a bienes esenciales.
En los últimos días, las autoridades locales han recibido el reporte “de enfrentamientos en la cuenca media del río San Juan, desapariciones y la instalación de explosivos en varias zonas. Hay comunidades completamente confinadas, sin acceso a alimentos ni servicios básicos”, denunció Córdoba.
De acuerdo con el Foro Interétnico Solidaridad Chocó- FISCH, “más de 3.468 personas desplazadas en la subregión del San Juan y más de 15 comunidades confinadas, además, más de 25 mil personas que se encuentran con restricción de movilidad sin acceso a alimentos, medicinas y (niños) sin asistir a clases, expuso la entidad.
La gobernadora también señaló que la presencia de artefactos explosivos representa una amenaza mortal para los habitantes. “Hace poco, un artefacto explotó y cobró la vida de un uniformado. La gente vive con miedo y sin garantías de seguridad”, agregó.
Córdoba exigió que el Gobierno implemente medidas urgentes para frenar la crisis y garantizar los derechos de la población civil.
“La paz no puede fracasar en Colombia. Si se habla de un cese al fuego con la Fuerza Pública, también se deben tomar acciones contundentes para evitar que la ciudadanía siga siendo víctima de este conflicto”, afirmó.
Además, insistió en la necesidad de generar oportunidades económicas para que las comunidades no dependan de actividades ilegales. “No podemos seguir viviendo en un territorio donde la única alternativa de sustento es la minería ilegal. Necesitamos inversión social real”, sostuvo.
Finalmente, la gobernadora aseguró que continuará buscando un encuentro con el presidente Gustavo Petro para exponer la gravedad de la situación y exigir soluciones estructurales