Continúan saliendo a la luz nuevas hipótesis sobre los hechos que condujeron a la trágica masacre en Aguachica, Cesar, que dejó como víctimas mortales al pastor Marlon Lora; a su esposa, Yorley Rincón, y a sus dos hijos, Ángela Lora Rincón y Santiago Lora Rincón.

Aunque son varias las versiones que se han conocido tras presentarse los hechos, las autoridades han descartado la mayoría, señalando que no concuerdan con lo sucedido.

Sin embargo, hay una hipótesis que ha cobrado fuerza en los últimos días que se relaciona con que un pariente cercano al pastor Lora tendría un vínculo sospechoso con una organización delictiva, por lo que se piensa que la masacre podría ser realmente un posible ajuste de cuentas.

Las víctimas del cruel hecho fueron el pastor Marlon Lora; a su esposa, Yorley Rincón; y a sus dos hijos, Ángela Lora Rincón y Santiago Lora Rincón. | Foto: Gobernación del Cesar.

Además, de acuerdo con el diario El Tiempo, esta misma red criminal sería la responsable del asesinato de Alexander González, alias El Calvo, homicidio que se llevó a cabo dos días antes de la masacre, exactamente el 27 de diciembre.

Esta información es clave en la investigación, pues se sospecha que el pastor tendría problemas económicos con ‘El Calvo’, quien le habría confiado plata y bienes a Lora Rincón.

Hasta el momento no se tiene mayor claridad sobre esta versión, pero sí ha tomado más fuerza que las otras hipótesis debido al cruce de datos y fechas entre la masacre, el pastor, su pariente, la red ilegal y alias ‘El Calvo’.

De hecho, el equipo encargado de la investigación de la masacre ha puesto en duda que el asesinato de la familia se haya debido a una confusión o sea el resultado de una posible extorsión de la que serían víctimas los Lora Rincón.

Las autoridades continúan en la búsqueda de los responsables de la masacre. | Foto: Francisco Calderón

Así pues, para dar con el paradero de los responsables y conocer a fondo cuál fue la causa de la masacre, la Fiscalía General de la Nación ha solicitado cuatro audiencias judiciales de búsqueda selectiva en bases de datos, requiriendo información a entidades bancarias y de números telefónicos.