Olmedo López, el exdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres (UNGRD) y pieza fundamental del escándalo de corrupción en ese despacho por el caso de los carrotanques de La Guajira, acudió después de las 2:00 de la tarde de este martes a su segunda cita en la Fiscalía General de la Nación, como parte de su estrategia jurídica de alcanzar un acuerdo de colaboración.
La reunión de López y su abogado José Moreno se adelantó ante la fiscal 79 contra la Corrupción, Andrea Muñoz; la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño; el coordinador a la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Hernando Barreto; y el coordinador para Crimen Organizado, Gabriel Sandoval.
La Fiscalía tomó la determinación de citarlo a diligencia de interrogatorio, una vinculación directa con el proceso.
López llegó con su abogado al búnker de la Fiscalía a explicar, por segunda vez, cómo sería su participación en el proceso, la forma en que ayudaría a esclarecer los hechos de corrupción y de paso conocer cómo sería el beneficio por convertirse en testigo.
En respuesta, el ente acusador decidió, para empezar ese eventual proceso de colaboración, citarlo a diligencia de interrogatorio con su abogado, un hecho que básicamente lo convierte en iniciado, en el proceso donde él es protagonista.
Al cierre de esta reunión, se conoció que al exdirector de la UNGRD se le informó que en este proceso está en calidad de indiciado, y que la próxima semana será citado a un interrogatorio. El exfuncionario deberá presentar pruebas de las diferentes afirmaciones que ha entregado a los medios de comunicación, si quiere avanzar en su solicitud de un acuerdo.
El exdirector de la UNGRD está vinculado a una investigación tanto en la Fiscalía como en la Procuraduría y la Contraloría por la presunta compra irregular de 80 carrotanques para surtir de agua a comunidades de La Guajira.
Sneyder Pinilla, exdirectivo de la UNGRD y quien al igual que López han pedido un principio de oportunidad a la Fiscalía, señaló a Sandra Ortiz, consejera presidencial para las regiones, como la “mensajera” del Gobierno en el supuesto entramado de corrupción.
De acuerdo con la versión de Pinilla, la exconsejera era la presunta encargada de entregarle $3.000 millones al presidente del Senado, Iván Name, y $1.000 millones, al presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, para influir en la aprobación de las reformas del Gobierno en el Legislativo.
*Con información de Colprensa.