En su último balance, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos reveló que la situación de seguridad de los líderes sociales en Colombia no mejora, según ese reporte, entre enero y noviembre se recibieron 186 reportes de asesinatos de defensores de derechos humanos.

“Desde el 1 de enero al 30 de noviembre de 2024, la oficina de la ONU para los Derechos Humanos conoció 186 alegaciones de homicidios de personas defensoras. De estas hay 80 casos verificados, 11 casos están en proceso de verificación y 95 casos son no concluyentes”, explica la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos.

Estos son los hombres más buscados en el Cauca por acciones violentas contra líderes y firmantes de paz. | Foto: Ministerio de Defensa

“La oficina considera como casos verificados aquellos donde se cumplen los siguientes dos criterios: El carácter de defensor o defensora de la persona de acuerdo con la definición de la Declaración de Naciones Unidas sobre Defensores de Derechos Humanos y que una de las hipótesis de su homicidio esté vinculada a su actividad como defensor o defensora”, agrega.

Frente a los casos verificados, 69 correspondieron a hombres, 10 a mujeres y uno más a un miembro de la comunidad Lgtbq+.

El departamento más afectado con este tipo de crímenes es el Cauca, que vive una crisis de seguridad que ha causado múltiples muertes, con 17 casos, seguido del departamento de Arauca con 15.

Desde la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno y la guerrilla de las Farc en 2016, han sido asesinados 341 líderes sociales, de los cuales 201 pertenecían al Norte del Cauca, según Indepaz. | Foto: El País

Poco después está el Valle del Cauca con 11 casos y Antioquia con cinco; Chocó, Córdoba, Norte de Santander, Bolívar, Tolima, Casanare, Meta, Huila, Putumayo, Nariño y Caquetá, son los otros departamentos que registran muertes en menor número.

De acuerdo con el informe de la ONU, la mayoría de líderes sociales asesinados pertenecían a juntas de acción comunal, con el 24 % de los casos.

Teniendo como mayor porcentaje a los defensores de derechos comunitarios (24%); de poblaciones campesinas (16%); de derechos económicos, sociales y culturales (13%); y luchadores de la tierra y sus usos (10%), entre otros.