Juliette De Rivero, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, manifestó al Gobierno su preocupación por las condiciones de seguridad que se viven en algunos territorios campesinos, durante la entrega de títulos por parte de la Agencia Nacional de Tierras, a comunidades de la Reserva Campesina de El Pato Balsillas, Caquetá.
“Llamamos la atención del Gobierno por la situación de inseguridad que se vive en distintos territorios, entre ellos en El Pato Balsillas, la presión que vive la población y el irrespeto de los derechos de la población por parte de diferentes grupos armados ilegales que están en esa zona”, afirmó De Rivero.
La representante señaló la importancia de “fortalecer la presencia institucional para proteger los derechos humanos de la población civil en el Pato Balsillas, para que pueda gozar de su tierra y de los productos de su tierra sin amenazas y sin hostigamientos por parte de los grupos armados no estatales que le hacen tanto daño a la juventud campesina”.
Sin embargo, destacó los esfuerzos del Ejecutivo para sacar adelante la reforma agraria, al exaltar la importancia de que se “priorice la entrega de tierras en lugares de luchas históricas contra el conflicto armado y por los derechos del campesinado”, dijo.
Al encuentro realizado en la Reserva Campesina de El Pato Balsillas, ubicada en Guayabal-Caquetá, también estuvo el embajador de la Unión Europea en Colombia, Gilles Bertrand.
El mes pasado, la ONU Derechos Humanos había denunciado también el reclutamiento forzado de una niña indígena Siona de 17 años en Puerto Leguízamo.
Según la información presentada por la ONU, la niña indígena fue sacada de su casa ayer 25 de noviembre por un grupo armado no estatal. En ese sentido la organización solicitó con urgencia la liberación inmediata de la menor.
”Urgimos liberación inmediata, sana y salva, de Jhidy, y el respeto de su vida e integridad. Reiteramos a grupos armados no estatales su obligación de respetar a niñas, niños y adolescentes hasta 18 años y a población civil. El reclutamiento es un crimen muy grave que condenamos”, destacó la ONU.