El Tribunal Superior de Bogotá le impuso medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria al gobernador del Chocó, Ariel Palacios Calderón, como supuesto responsable de varias irregularidades en la contratación para manejo y prevención del Covid-19 en ese departamento.
De acuerdo a la investigación, Palacios Calderón declaró la urgencia sanitaria en el departamento y mediante decreto dispuso recursos y programas de salud para atender las necesidades ocasionadas por el virus.
La Gobernación contrató con la Fundación Chocó Saludable en abril de 2020 la adquisición de elementos de bioseguridad por un valor de más de 220 millones de pesos. Sin embargo, la Fiscalía evidenció varias inconsistencias en la contratación, como la ausencia de la descripción de la necesidad, cantidad y destinación de artículos, presunta falsedad en etapa precontractual y falta de idoneidad del contratista.
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Por otro lado, se estableció que el mandatario local no remitió en su momento a la Contraloría General el decreto con el que se declaró la urgencia manifiesta ni los soportes del proceso de contratación. La Fiscalía pudo evidenciar que esos soportes fueron enviados posteriormente, luego de que el órgano acusador, solicitara este sustento.
En 2020 la Procuraduría le abrió investigación disciplinaria y a su secretaria del Interior, Nubia Córdoba, por el mismo contrato. Sin embargo, posteriormente ordenó levantarla por la situación que enfrentaba el departamento y la ocupación del 100% de las camas UCI, pidiéndole la vigilancia de esos recursos a la Regional Chocó y a las delegadas para la Salud y Protección Social y el Trabajo Decente y para la Vigilancia Preventiva para la Función Pública.
Palacios Calderón, quien no aceptó cargos, fue imputado por los delitos de contrato sin cumplimientos de requisitos legales y prevaricato por omisión y le impuso medida de aseguramiento en su lugar de residencia.