Marla Gutiérrez, una joven activista logró que el juzgado administrativo del Atlántico emitiera una orden que la placa instalada en el Tunel de la Línea, con el nombre del presidente Duque fuera retirada.
El Gobierno debe acatar la orden en un termino de 30 días, ya que al instalar la placa, dicha obra se incurrió en un acto contrario a la ley, ya que promueve la participación de funcionarios en obras públicas.
El inciso segundo del decreto 2759 de 1997 prohíbe la colocación o fijación de placas o monumentos destinados a recordar la participación de funcionarios públicos en obras.
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Marla, quien hace parte del movimiento de Juventudes Liberales de Cundinamarca explicó que, inicialmente, hizo la petición formal ante la presidencia de la República, la Gobernación del Tolima y el Ministerio de Transporte, solicitudes a las que no tuvo respuesta.
Ante el silencio de las entidades, la joven abogada decidió promover una acción de cumplimiento ante el Tribunal Administrativo del Atlántico, movimiento que falló a su favor.
Ante esta decisión, el Invías le pidió al Consejo de Estado que estudie el caso, por lo que entonces será ese cuerpo el que finalmente decida si la placa se queda o tiene que ser retirada.