Un nuevo hecho violento presentado en las últimas en el Bajo Cauca vuelven a encender las armas sobre la crítica situación de seguridad de esta y otras subregiones en el departamento de Antioquia, sobre todo teniendo en cuenta la cercanía de los comicios electorales del próximo 29 de octubre.
Y es que en las últimas horas la Corporación Comité de Derechos Humanos Jesús María Valle Jaramillo denunció y puso en conocimiento de autoridades y organismos internacionales la grave incursión armada que en la noche del 23 de agosto se presentó en el corregimiento San Pablo del municipio de Cáceres.
Según esta organización social, hombres, al parecer pertenecientes a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), realizaron intimidaciones verbales contra pobladores de la zona y perpetraron el asesinato de 6 de ellas, entre los que se encuentran algunos líderes sociales y comunales.
“A su paso y mientras realizaban estas acciones que generan temor, pánico y zozobra en la comunidad, dan órdenes y las materializan en acciones como el no permitir la salida ni entrada hacia el casco urbano”, se lee en el comunicado del Comité.
Pese a que los actores armados no solo obligaron al confinamiento, sino que cerraron los pocos establecimientos con servicios de comunicaciones y de internet, lograron dar aviso a la opinión pública solicitando además el apoyo humanitario para atender los cuerpos de las víctimas mortales que dejó la acción violenta.
“El cadáver de uno del liderazgo social se encuentra en medio de una calle principal de la vereda, siendo objeto de alimento de aves carroñeras porque estos hombres no permiten que la comunidad haga un levantamiento”, puntualiza el documento.
Hasta el momento sobre lo ocurrido no se han pronunciado ni las autoridades civiles ni la fuerza pública, aunque extraoficialmente se conoció que tropas del Ejército se desplazaron a la zona para verificar lo que ocurre allí.
Expertos en conflicto, hablan
Un experto del conflicto en el departamento y con cercanía a estas poblaciones, que prefirió reservar su identidad por razones de seguridad, le contó a El País que el reciente ataque era algo de esperarse ante la reciente visita de una nutrida comisión de organismos como ACNUR, PNUD, Defensoría, MAP OEA y Misión ONU para conocer las problemáticas humanitarias del territorio.
“Lo que hicieron fue antes llamar la atención de los grupos y por eso atacaron”, argumentó el experto.
Precisamente Cáceres es uno de los 7 municipios antioqueños sobre los que recientemente alertó la Defensoría del Pueblo por sus altos riesgos de seguridad de cara a las elecciones regionales de octubre próximo. En el país 113 localidades en 16 departamentos están catalogados con riesgo extremo.
En este territorio diversas autoridades han denunciado que incluso grupos como las disidencias de las Farc y el mismo ELN estarían instrumentalizando a la población para desarrollar actividades ilegales y además impedir operativos de la fuerza pública.“Consideramos que la situación es compleja, por eso extendemos nuestro llamado al Presidente de la República, Gustavo Petro, para que presida la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas, Ciprat. El propósito es que, junto con las cabezas de las entidades a las que les formulamos recomendaciones, implemente acciones rápidas y efectivas para que sean garantizados los derechos de las comunidades”, solicitó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
Esta petición estuvo acompañada por una Alerta Temprana Electoral, cuyo fin consiste, segú esa entidad del Ministerio Público, en que el Estado cope institucionalmente el territorio colombiano, establezca reglas claras en los diálogos bilaterales con los grupos armados organizados al margen de la ley y, finalmente, haya celeridad en la ejecución de los planes de acción de política pública de prevención y de protección.