La mañana de este miércoles, 24 de abril, organizaciones sociales, como la ONG Forjando Futuros, aseguraron que el proceso de restitución de tierras en el Gobierno Petro no ha avanzado como se prometió, por lo que solicitaron entregas por vías administrativas a los ciudadanos afectados.
Y es que la fundación Forjando Futuros, que realiza veeduría al proceso de restitución de tierras, informaron que las garantías a la población desplazada por la violencia y víctimas de despojo del presente Gobierno no han sido las que se anunciaron, ya que los datos, que tienen origen en las estadísticas de la Unidad de Restitución, indican que en el gobierno anterior el proceso avanzó más.
Forjando Futuros informó que “comparando los últimos 17 meses del Gobierno Duque con los primeros 17 meses del Gobierno Petro, la situación es alarmante. Bajo el mandato de Petro, se han restituido 71.000 hectáreas, en comparación con las 161,000 hectáreas restituidas durante el período similar en el mandato anterior”.
Dicha medición se realizó en número de hectáreas que es el indicador manejado desde el gobierno Juan Manuel Santos en el momento en el que se expidió la Ley de Víctimas, en 2011, una luz para las víctimas de la violencia que tuvieron que salir de sus territorios.
Esta característica publicada por Forjando Futuro tiene bases en que en este gobierno tiene un ritmo de un 55% menos eficiente con respecto al gobierno inmediatamente anterior.
Según prometió el entonces presidente Juan Manuel Santos, la Ley de Víctimas, en la cual está enmarcada la Unidad de Restitución, fue dispuesta con el objetivo de reparar el derecho a la tierra en 6,5 millones de hectáreas que fueron despojadas en medio del conflicto armado en diversas zonas del país.
Ante esta situación, Forjando Futuros considera que puede ser más eficiente la restitución en el momento en que se apruebe el proyecto de Ley que se encuentra en el Congreso, la cual busca permitir que la Unidad de Restitución entregue predios de forma administrativa en algunos casos.
Lo anterior quiere decir que es posible que la entidad asuma las funciones de un juez y otorgue directamente los predios en caso de que no exista un opositor que se niegue a salir y se pueda comprobar su buena fe al comprar una tierra reclamada.