La disputa por un lote de 10.000 metros cuadrados en Cali, donde funciona la institución, es el nuevo escándalo que sacude a la Fundación Universitaria San Martín, lo que tiene en vilo a más de 1.000 estudiantes.
Como se sabe, el centro de estudios fue intervenido hace nueve años por el Gobierno a causa de malos manejos administrativos y actos de corrupción.
SEMANA reveló un millonario pleito que enfrenta y por el que podría perder la sede de Cali, afectando a alrededor de 1.030 estudiantes de Medicina, Veterinaria, Administración de Empresas y Contaduría a Distancia.
La disputa tiene su origen luego de la intervención realizada por el Ministerio de Educación, entonces en cabeza de Gina Parody. Desde entonces, la Universidad San Martín tiene una larga lista de acreedores por deudas cercanas a los 250.000 millones de pesos, entre ellos docentes que reclaman el pago de salarios, empresas que piden que se les cancelen las deudas y estudiantes que tuvieron que volver a iniciar sus carreras.
Freno a la crisis
Buscando salidas a la crisis, la institución puso como garantía de pago un lote de 40.000 metros cuadrados en el norte de Cali. Pero al revisar la documentación, las cuentas no dan. Los documentos de catastro revelan una extensión menor, tan solo 10.898 metros cuadrados, sin embargo lo más complejo del tema es que no aparece el edificio donde funciona la universidad.
Este inmueble fue puesto como garantía de un crédito de más de 9.000 millones de pesos, que fue incumplido y llevó a hacer efectiva la garantía que hoy reclama Fiducentral, que además, ordenó una serie de peritajes para que se estableciera el tamaño del lote y sus construcciones.
Según se conoció, el denunciante asegura que la Fundación Universitaria engañó a la Notaría 13 de Bogotá –donde aparecen todos los documentos de registro del bien inmueble– para así inducir al error a la Superintendencia de Notariado y Registro de Cali, que expidió los certificados de libertad y tradición sobre los 10.898 metros cuadrados que ofreció como garantía de pago.
Debido a esto, los reclamantes presentaron una denuncia por estafa, fraude procesal, falsedad y uso de documento público falso.
En las acciones judiciales, conocidas por SEMANA, se señala que la universidad incurrió en engaño y falsificación de las escrituras públicas sobre un préstamo que ofreció como garantía de pago de sus obligaciones.
La presunta estafa que investiga la Fiscalía quedó al descubierto cuando le pidieron que le entregara el lote a Fiducentral para “la administración” bajo la figura de “patrimonio autónomo”, pero este no contaba con el edificio.
SEMANA le envió un derecho de petición a la Universidad San Martín para conocer su posición. En un extenso documento recalcaron que han actuado de buena fe y que el predio les pertenece desde hace 20 años.
Asimismo, la institución educativa negó que esté siendo investigada por la Fiscalía o la Superintendencia de Notariado y Registro, pero los documentos en poder de SEMANA revelan que existe una investigación activa en la Fiscalía 74 de la capital del Valle del Cauca.