Con el fin de reemplazar los cultivos ilícitos de cocaína, al mediodía de este miércoles 9 de abril, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó sobre las medidas para contrarrestar estas actividades ilegales.
“Con el Ministerio de Minas y el Ministerio de Justicia y del Derecho, firmamos una circular para enfrentar los hidrocarburos y así elevar de alguna manera o hacer no rentable la producción de cocaína. Pero paralelo a ello, va la sustitución de cultivos ilícitos”, declaró Sánchez.
Asimismo, informó que ya identificaron unas zonas del país con la presencia de esta siembra. “Y en este momento, que mañana vamos a ir al Catatumbo, ya hay más de 7 mil hectáreas en ese lugar, con un potencial aún mayor de erradicación, pero uno lo ve más como sustitución”, destacó el funcionario.
El general Carlos Fernando Triana Beltrán complementó la intervención de Sánchez, aclarando que la iniciativa “está en fase de estructuración”, por lo que durante el segundo semestre del año realizarán la planificación del mismo, el cual contemplará dos formas. La primera será la erradicación manual y la segunda será con uso del agroquímico en cultivos mayores a 1.5 hectáreas.
De acuerdo con el contrato, este fue nombrado como Reactivación Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Terrestre (Pecat), y fue impulsado por el exministro de defensa, Iván Velásquez Gómez, quien dio la firma inicial en diciembre del 2024.
Conforme a esto, el valor de la contratación del suministro del agroquímico para las operaciones de intervención de uso ilícito, está valorada en la suma de siete 7,700,000,000,00 millones de pesos.
“Con el objetivo de mantener y fortalecer la lucha contra las economías ilícitas y las organizaciones criminales que las dinamizan en los territorios, se ha decidido reactivar para el 2025 el Programa de erradicación con glifosato”, se lee en el contrato del proyecto, el cual será ejecutado por la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional.
La fumigación terrestre con este herbicida fue inicialmente restringida por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, el cual aseguró en su momento que la decisión se tomó como una medida para proteger a los campesinos; sin embargo, esta decisión terminó beneficiando a los grupos armados que se dedican a esta economía ilegal.
La decisión generó una ola de críticas, ya que desde algunos sectores políticos trajeron a colación en redes sociales declaraciones pasadas del mandatario, quien había rechazado rotundamente la dispersión del químico en las tierras del país.