El presidente de Colombia, Gustavo Petro, realizó un consejo de seguridad en las últimas horas de este martes para abordar la grave situación de orden público que se ha venido presentado en el Cañón del Micay y la región del Catatumbo, en los departamentos del Cauca y Norte de Santander, respectivamente.
Sobre las 10:30 p. m., la Presidencia de la República informó a través de sus redes sociales sobre la reunión liderada por el mandatario junto a la secretaria general del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Lizeth Rodríguez Fajardo; acompañados por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez; el ministro del Interior, Armando Benedetti; el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, y la cúpula militar de la Armada y el Ejército, así como otros representantes de las Fuerzas Militares de Colombia.
Se espera que el Gobierno Nacional dé a conocer más detalles respecto a las decisiones que se tomen frente a la escalada violenta.
Estas zonas del país vienen presentando una difícil situación de seguridad, debido a múltiples hechos relacionadas con el conflicto armado. La más grave recientemente tuvo que ver con el secuestro de 29 miembros de la Fuerza Pública, entre los que se encontraban 28 policías y un oficial militar, quienes fueron retenidos de manera ilegal en contra de su voluntad, presuntamente, a manos de integrantes del frente ‘Carlos Patiño’ de las disidencias de las FARC en el corregimiento de El Plateado, en Argelia, y en La Hacienda, zona rural de El Tambo, en el Cauca.
Los hombres fueron liberados en un operativo en conjunto entre el Ministerio de Defensa y la Defensoría del Pueblo de Cauca, con el acompañamiento de miembros de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP), la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, la iglesia Católica y la Red de Derechos Humanos.
Por otro lado, la población del Catatumbo ha sido víctima, por varias semanas, de enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las Farc.
De acuerdo con el último balance de información entregado por el Puesto de Mando Unificado (PMU), al corte del 17 de marzo, en la región del Catatumbo se sigue viviendo una crítica situación con 58.052 personas desplazadas debido a la violencia.
Esta alarmante cifra evidencia la grave crisis de seguridad que afecta a comunidades enteras, obligándolas a abandonar sus hogares en municipios como Cúcuta, Tibú, Ocaña y Convención. Además, 19.468 personas permanecen confinadas, lo que limita su acceso a derechos básicos como la salud, la educación y la alimentación.
El informe también reporta 86 homicidios, entre ellos el asesinato de firmantes de paz, líderes sociales y menores de edad, lo que resalta el alto nivel de riesgo para las poblaciones más vulnerables.