Durante casi cuatro horas el abogado Marco Antonio Velilla, quien defiende los intereses del director de la Policía, general Óscar Atehortúa, expuso sus argumentos en el proceso que se adelanta contra el oficial por irregularidades en la construcción de casas fiscales en Tolima.

Velilla, que asistió con el oficial de la Policía a las instalaciones de la Procuraduría, defendió su tesis sobre la inocencia de Atehortúa en los hechos que es acusado, pues a juicio del Ministerio Público habría extralimitado sus funciones y traficado influencias como director del Fondo Rotatorio de la institución.

En este caso, el abogado del general, quien fue exmagistrado del Consejo de Estado, señaló que este proceso tiene como fin empañar la imagen del oficial, el cual lleva más de 30 años de carrera.

Velilla señaló que su defendido no tuvo relación con el contrato que se firmó para la construcción de 59 casas de la Policía en San Luis, Tolima, en 2011 y que se liquidó en 2015, sin que a la fecha se haya registrado la culminación de las obras.

Además de ello, el abogado de Atehortúa afirmó en la audiencia que, por estos hechos, el Ministerio Público ya había adelantado una investigación que más tarde fue archivada porque no se encontraron elementos que permitieran imponer responsabilidades.

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El penalista, como parte de su defensa trajo a colación, su labor adelantada en el Consejo de Estado, de ello reseñó que una vez se archivaba una investigación, tal precedente ya pasaba a ser “cosa juzgada” por lo que, en este caso, se habría violado el debido proceso al realizar la apertura de la indagación.

Por lo expuesto en la diligencia, el abogado pidió al Ministerio Público la nulidad del proceso sobre su defendido. Se espera entonces, que la Procuraduría delibere si definitivamente continúa con la investigación o si por el contrario la archiva.

El proceso del general

En una diligencia anterior, el delegado del Ministerio Público, Carlos Orjuela leyó el documento en el que reposa los cuatro cuatro cargos que le formularon al general, por las inconsistencias relacionadas con la construcción de las casas fiscales.

En el primero de ellos se le cuestiona a Atehortúa que en calidad de director general del Fondo Rotatorio pudiera estar incurso en una falta por haber participado, entre el 26 de diciembre de 2014 y el 17 de diciembre de 2015, en la ejecución de un contrato en el que, a juicio de la Procuraduría, habría desconocido el principio de responsabilidad, al haber faltado “probablemente” a su deber de adelantar la revisión sobre la obra y velar por la buena calidad y el objeto del contrato.

El ente de control cuestiona, en el segundo cargo, que el oficial en su calidad de inspector general de la Policía, entre el 19 de junio y el 13 de diciembre de 2018, no se hubiera declarado impedido para conocer un expediente disciplinario relacionado con las presuntas irregularidades en la construcción del proyecto de viviendas fiscales denominados Cenop, pese a la eventual existencia de un interés directo sobre la actuación.

El tercer cargo que pesa sobre Atehortua es por la presunta extralimitación de funciones por haber acudido a un capitán para que verificara la actuación adelantada en el proceso por los hechos de la construcción de las viviendas fiscales, que conocía el Grupo de Procesos Disciplinarios de Primera Instancia de la Inspección General, y le suministrara una línea de tiempo del expediente.

En el cuarto cargo, la Procuraduría le reprocha al director general de la Policía que, aparentemente, utilizara de manera indebida estar en el cargo de director de la policía, para que el inspector general de esa institución, general William René Salamanca Ramírez, no diera curso a una actuación disciplinaria que estaba adelantando por posibles irregularidades ocurridas en el proyecto Cenop, en la que podía resultar comprometida su responsabilidad.