En cuanto al tema que se ha expuesto este sábado, 9 de diciembre, por medio del cual se ha derogado el decreto del Código de Policía, que previamente prohibía la posesión, tenencia, entrega, distribución y comercialización de drogas o sustancias prohibidas en espacios públicos.
Varios abogados consultados por Blu Radio se han pronunciado sobre esta situación. El abogado penalista Francisco Bernate destaca la derogación de un decreto del 2018 que facultaba a la Policía Nacional para incautar y multar a personas que portara sustancias estupefacientes.
Según él, la medida adoptada por el Ejecutivo, a través de este nuevo decreto, es coherente con la legalidad en Colombia, donde el porte de sustancias estupefacientes con fines exclusivos de consumo es permitido.
“De manera que en absoluto se modifican las funciones de la Policía, por el contrario, creo que, a partir de esta disposición, la Policía debe enfocarse no en la persona del consumidor que está ejerciendo su derecho al libre desarrollo de la personalidad, sino, por el contrario, en el expendedor, en la persona que trafica. Es allí, por supuesto, en las ollas y en el micro tráfico donde deben enfocarse los esfuerzos de la Policía Nacional” aseguró el abogado.
También señaló que la prohibición se relaciona principalmente con la compra, venta y distribución, pero que los consumidores tienen el derecho legal de desplazarse portando estas sustancias.
En este sentido, subraya que la derogación no modifica las funciones de la Policía, sino que redirige su enfoque. A partir de esta disposición, Bernate sugiere que la Policía debe concentrarse en combatir el tráfico y la distribución ilegal, centrándose en los expendedores y en el microtráfico, en lugar de perseguir al consumidor.
Opiniones en contra del nuevo decreto
Por su parte, el abogado penalista Ricardo Burgos manifiesta que la expedición de este nuevo decreto implica la derogación del anterior, emitido por el expresidente Iván Duque, que “prohibía a los consumidores de drogas estar en parques o lugares sociales cercanos a familias y niños que estuvieran recreándose”.
Burgos enfatiza en que, bajo esta nueva normativa, la Policía ya no podrá imponer contravenciones a los consumidores en los parques, pero sí mantendrá la capacidad de perseguir y judicializar a los expendedores de drogas para llevarlos ante la Fiscalía General de la Nación.
También el congresista Hernán Cadavid, del Centro Democrático, responde a este decreto como un “inexplicable afán del Gobierno por la permisión de todas las drogas en las calles de Colombia”.
Federico Gutiérrez, electo alcalde de Medellín, calificó esta medida como una especie de “legalización del microtráfico” y advirtió sobre las posibles consecuencias negativas para la sociedad colombiana.
Señaló que esta decisión irresponsable podría resultar en un aumento del microtráfico, la violencia urbana y el crimen en general y llamó la atención sobre el impacto directo en las familias colombianas, argumentando que la medida deja a la sociedad en total desprotección y entrega a los ciudadanos, especialmente a los jóvenes, a la influencia de criminales.
“Le pido al presidente Petro, por el bien del país, que reconsidere esta equivocada decisión. Estamos viendo cómo día tras día, muchas decisiones presidenciales parecen despejar el camino de la criminalidad, lo que implica mayor inseguridad para los ciudadanos”, declaró Gutiérrez.
El nuevo alcalde de Medellín expresó su preocupación por la seguridad pública y solicitó un enfoque más efectivo en la lucha contra el microtráfico y el crimen organizado.