Se hizo tendencia en  redes sociales un video en el que se muestra a la  jueza cucuteña , Vivian Polanía Franco, con escasas prendas de vestir y fumandose un cigarrillo, mientras debatia en plena  audiencia pública virtual. 

Al percatarse de la situacion, otras personas que estaban conectadas, le advirtieron a la funcionaria de que su cámara estaba encendida, por lo que esta inmediatamente fue apagada. Sin embargo la funcionaria ya había quedado expuesta. 

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“Señora juez, tiene la cámara prendida”, le dijo uno de los participantes de la audiencia y posteriormente hubo un silencio incómodo.  

Por su parte, algunos ciudadanos rechazaron la conducta de la jueza en redes sociales, señalando que no es el comportamiento adecuado de una funcionaria pública. 

“Estás audiencias virtuales son una vergüenza ya deben ponerlas presenciales qué asuman con responsabilidad los cargos que tienen, se le ve el desgano que tiene por la profesión, el poco respeto por los involucrados pobre país con esos jueces”, subrayó una internauta. 

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No obstante, también  hay quienes la han defendido asegurando que, a pesar de que fue claramente incómodo para los participantes de la audiencia, esa conducto no interfiere  con sus funciones.

Cabe recordar, que en septiembre de 2020, la Sala Disciplinaria del Seccional del Consejo Superior de la Judicatura de Norte de Santander ordenó a la Sala Extraordinaria investigar a la jueza Vivian Polanía Franco, con el fin de determinar  si estaba cometiendo  faltas disciplinarias en su trabajo.  Esto, porque se viralizaran algunas  fotografías de su cuerpo y rutinas de ejercicio, las cuales,  ella misma, compartía en redes sociales.

“Uno no se toma fotos por tomárselas o para que la gente les den ‘like’, sino que cuando se obtiene un gran número de seguidores, las empresas y los diseñadores empiezan a buscarte para dar descuentos o para pagar por promocionarlos”, respondió en su momento, la togada. 

Debido a estas declaraciones, la Sala señaló que Polanía había podido incurrir en actividades que afectaran la confianza pública o que podría comprometer la dignidad de la administración de justicia.