Desde la zona rural del municipio de Istmina, en Chocó, se confirmó este jueves 15 de agosto la devastadora noticia sobre la muerte de Isabella Piraza, una bebé de 16 meses de nacida que necesitaba ser llevada a un hospital para recibir atención médica urgente, luego de presentar problemas respiratorios.
Sin embargo, esto no fue posible debido al paro armado que adelanta el ELN en ese departamento, y que tiene sitiadas a las comunidades a permanecer en sus viviendas, sin poder desplazarse a ningún lado. La bebé no pudo salir de la vereda San Cristóbal, donde estaba confinada.
Este hecho generó rechazo en todo el país por el actuar despiadado de este grupo al margen de la ley. Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), aseguró que lo ocurrido es una tragedia que no puede ser tolerada desde el Gobierno.
“Exijo justicia para ella y que los responsables respondan por este acto inhumano”, declaró Sarabia, una de las personas más importantes y con mayor poder en el gobierno del presidente Gustavo Petro.
El bloqueo armado propiciado por el Ejército de Liberación Nacional tiene en una grave situación humanitaria a los habitantes de las cabeceras municipales de Nóvita, Istmina, Medio San Juan, Sipí y Litoral del San Juan, así como sus jurisdicciones rurales.
Se estima que unas 45.000 personas de 85 comunidades tanto afro como indígenas están confinadas en el departamento. Nubia Carolina Córdoba, gobernadora del Chocó, pidió este jueves una reunión urgente con el Gobierno Nacional para tratar las salidas a esta situación.
“Por los alcances de la información presentada en el desarrollo del sub comité local que llevamos con las autoridades y funcionarios del orden territorial, nos vemos en la necesidad de solicitar al Gobierno Nacional la realización en Istmina de un Comité ampliado de Prevención, Protección y Garantías de No Repetición, con presencia de Ministerio Público, OACP, Unidad para las Victimas, Fuerza Pública, ministerios del Interior, Defensa, Salud y Educación”, sostuvo la Gobernadora.
También enfatizó que esta crisis humanitaria compromete la vida y los derechos humanos de la comunidad chocoana. “Se requiere una acción articulada de atención y respuesta URGENTE”, complementó Córdoba.
En cuanto al municipio de Istmina, uno de los más afectados, su alcalde, Jaison Mosquera, ha manifestado a diferentes medios que siente que el Gobierno Nacional lo ha dejado solo, y pide ayuda en diferentes direcciones para que las comunidades puedan tener tranquilidad.
“No hay forma de llegar al territorio por las amenazas y el conflicto que existe entre el ELN y el Clan del Golfo, luchando por el control territorial. El llamado nuestro es a que el Gobierno Nacional haga más presencia, me siento olvidado, siento que me han dejado solo, no sé qué hacer y creo que se hace necesario contar con la oferta institucional del Gobierno”, comentó el alcalde a Red+ Noticias.
El ministro de Defensa, Iván Velásquez, salió al paso de las críticas a la Nación y la grave situación humanitaria para indicar que las Fuerzas Militares continúan ejerciendo el control en ese territorio por encima de los grupos armados al margen de la ley, y dijo que son los meros anuncios de los subversivos los que generan zozobra.
“Anuncios como el paro armado del ELN en Chocó causan naturalmente preocupación y temor en la población, pero la presencia de la Fuerza Pública no solo ha sido constante, sino que se ha incrementado para generar tranquilidad a las comunidades”, aseveró Velásquez.