El pasado 10 de agosto, el ELN anunció un paro armado en cinco municipios chocoanos ante la ofensiva de la banda criminal Clan del Golfo. Seguidamente, la Defensoría del Pueblo lanzó un llamado urgente para que se respeten los derechos fundamentales de los habitantes de las cabeceras municipales y sus jurisdicciones rurales de Nóvita, Istmina, Medio San Juan, Sipí y Litoral del San Juan.
Este paro armado indefinido, además, desencadenó el confinamiento de 45 mil personas de 85 comunidades afro e indígenas. Según la información oficial, de ese total, 7500 personas se encuentran con “doble afectación por la agudización del conflicto armado y factores ambientales o efectos asociados al cambio climático, lo que deriva en una situación de emergencia humanitaria”.
Preocupa, además, la confrontación y disputa territorial del “grupo rebelde con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC-Clan del Golfo) lo que agrava lo que está ocurriendo con las familias asentadas en las cuencas de los ríos San Juan, Sipí, Taparal y Cajón y en inmediaciones de la carretera Nóvita-Torrá”.
Este paro también afecta a las comunidades indígenas de los resguardos Sanandocito (Sipí), Unión Wounán, Puadó, Mataré, La Lerma, Macedonia (Medio San Juan), Unión Chocó-San Cristóbal, Puadó-Mataré-La Lerma (Istmina), Docordó-Balsalito, Santa María de Pangala, Río Taparal, Tiosidilio, Togoroma, Buena Vista, Río Pichimá, Chagpien, Chagpien Tordó, así como de quienes forman parte de los consejos comunitarios del San Juan-Acadesan y Mayor de Nóvita-Cocoman.
Asimismo, la Defensoría mencionó que estos alarmantes hechos “ponen en riesgo y amenazan el ejercicio de derechos y libertades civiles, sociales, económicas y culturales de los pueblos étnicos, toda vez que las personas están siendo expuestas a reiterados eventos de confinamiento, restricción a la movilidad, accidentes con minas antipersonal o artefactos explosivos y desplazamiento forzado”.