La llegada del ultraderechista Jair Bolsonaro al poder en Brasil tiene en vilo a la Amazonía, frontera con Colombia, ya que el nuevo presidente es apoyado por el poderoso grupo político que se autodenomina Coalición Carne, Biblia y Bala, que defiende la deforestación para abrir paso a la ganadería. 

Por lo anterior, las tribus indígenas del Amazonas han mostrado su preocupación, porque se acabarían las multas a las malas prácticas ambientales. Prácticamente, según ellos, esa espesa zona boscosa terminará convertida en una autopista para megraproyectos económicos. 

Organizaciones de la sociedad civil e instituciones oficiales alertan desde ya que los planes del futuro presidente brasileño en política medioambiental suponen una "amenaza" para la mayor selva tropical del planeta.

Lea también: Así es Jair Bolsonaro, el polémico exmilitar ultraconservador que presidirá Brasil

Un grupo de investigadores del estatal Instituto Nacional de Estudios Espaciales estima que, de materializarse las promesas del ultraderechista, la deforestación en la Amazonía puede llegar a triplicarse.

Y uno de los principales perjudicados sería Colombia, que comparte 1.644,2 kilómetros de frontera con Brasil, precisamente en la Amazonía, por lo que recibiría el coletazo de esta explotación ambiental. 

En el programa de gobierno de Bolsonaro, de 81 páginas, no hay ningún apartado destinado a iniciativas de conservación y la palabra "medioambiente" solo aparece escrita una vez para señalar que creará una "nueva estructura federal agropecuaria" que se encargará tanto del agronegocio, como de la gestión del "medioambiente rural".

"No puede haber ecologismo chiíta en Brasil", dijo en una entrevista en TV Bandeirantes.

No obstante, Bolsonaro reconoció esta semana la posibilidad de dar marcha atrás a fusionar los Ministerios de Agricultura y Medioambiente, pero remarcó que "no obstaculizará la vida de quien quiere producir en Brasil".

"Somos 200 millones de habitantes y una de las cosas que están funcionando es la cuestión del agronegocio y la agricultura familiar. No podemos dificultar el progreso", aseguró en una de sus sesiones en directo por redes sociales.

Bolsonaro, un nostálgico de la dictadura militar (1964-1985), quiere también reducir el tiempo para la concesión de licencias ambientales, acabar con la "industria" de las multas para los productores por parte de los órganos fiscalizadores y detener la demarcación de nuevas tierras para los pueblos originarios.

En Brasil existen unas 600 reservas indígenas, equivalentes al 13 % del territorio nacional, pero otras muchas zonas reclamadas por diferentes tribus aún están a la espera de ser delimitadas legalmente.

A los indígenas les ha ofrecido "vivir de las regalías" de la "minería" y de las de las "posibles hidroeléctricas que podrían ser construidas" en sus terrenos, así como de la "explotación de la biodiversidad".

"Es una amenaza por lo que propone" porque, por un lado, "debilita la fiscalización" y "el combate al crimen" ambiental y, por otro, plantea "acciones que pueden desembocar en un incremento de la deforestación", afirma a Efe Marcio Astrini, coordinador de políticas públicas de Greenpeace Brasil.

Para el presidente de la Comisión Pastoral de la Tierra, el obispo André de Witte, "la posición de Bolsonaro sería realmente desastrosa" porque va a abrir las puertas al "agronegocio" y a la industria extractiva, con lo que "el valor de la naturaleza preservada va a ser totalmente perjudicado".

De acuerdo con Greenpeace, la deforestación en los años 70 alcanzaba apenas un 1 % del total de la Amazonía, hoy alcanza el 18 % e investigadores ya alertan de que si llega al 20-25 %, el ecosistema comenzaría a entrar en colapso de forma irreversible.

"El tiempo corre contra nosotros y ahora tenemos" a Bolsonaro "diciendo que va a empeorar una situación que ya está mal", advierte Astrini.

Bolsonaro también dejó en el aire abandonar el Acuerdo de París, pero esta misma semana matizó sus palabras y negó que Brasil fuera a desconocer el pacto, aunque lo cuestionó ya que, en su opinión, pone en peligro la soberanía nacional.

En este sentido, condicionó mantener el acuerdo si se niega explícitamente la posibilidad de crear un corredor ecológico que abarque los Andes y la Amazonía hasta el Atlántico, un proyecto conocido como Triple AAA.

Actualmente, Brasil, uno de los mayores productores de alimentos, es el séptimo mayor emisor de carbono del mundo, siendo más del 65 % de ellas atribuidas a la actividad agropecuaria y la deforestación, según datos del movimiento multisectorial Coalición Brasil.

En este sentido, la Fiscalía brasileño creó este mes un grupo de intervención rápida contra la deforestación de grandes áreas en la Amazonía y asegura que seguirá actuando los próximos años de la misma forma para conservarla.

Greenpeace tampoco dará un paso atrás y Astrini avisa: "Vamos a continuar peleando por la preservación de la selva. Luchando para que (Bolsonaro) no realice esas promesas".