¿Por qué el país volvió a tener elecciones marcadas por la violencia? Responde la directora de la MOE

En el país hay territorios donde se está reeditando la violencia de otra manera, no ceñida a los temas ideológicos sino relacionada directamente con las economías ilegales”, asegura Alejandra Barrios, la directora de la Misión de Observación Electoral, MOE.

Por ello, agrega, lo sucedido en el municipio de Suárez, Cauca, donde fueron asesinados una candidata a la Alcaldía y un aspirante al Concejo, revela un riesgo que está latente en otras zonas del país, mientras se desarrolla la campaña para elegir los poderes políticos locales.

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“Si vemos dónde están pasando los temas más graves de violencia política, lo que encontramos es que es donde las economías ilícitas, como cultivos, minería ilegal, contrabando, etc., están buscando posesionarse a través de grupos armados ilegales”, reitera Barrios.

Estos cinco candidatos asesinados corresponden al número (de casos) que en el 2015 tuvimos durante los tres meses de etapa electoral. ¿Cuál es la explicación que desde la MOE hemos tenido? En la Constitución del 91 hubo una apuesta porque la institucionalidad llegara a todas las regiones del país y esa apuesta no se cumplió... Hoy qué tenemos: un proceso electoral que define el poder local con grupos armados ilegales, con grupos de disidencias y con narcotráfico, que están buscando el control de los territorios. Si vemos dónde están pasando los temas más graves de violencia política, lo que encontramos es que es donde las economías ilícitas, como cultivos, minería ilegal, contrabando, etc., están buscando posesionarse a través de grupos armados ilegales. Y eso impacta la competencia electoral porque hay un tema que en el país no se ha logrado resolver y es la financiación de las campañas políticas y la cantidad de recursos que se mueven por fuera del sistema legal.

El Cauca ha quedado en evidencia, porque lo que ocurrió el lunes es una tragedia. No es solo la candidata Karina García que es asesinada, que es una mujer en un contexto de conflicto con un carácter muy fuerte para poder ser alcaldesa, a ella la acompaña un candidato también del Partido Liberal, Jeison Obando, de 23 años, y en el mismo carro va un miembro de la Mesa de Víctimas, la señora Aydé... eso nos pone al Cauca en el centro del debate.

Sí, no podemos olvidar que el norte del Valle tuvo el primer precandidato asesinado y el primer candidato al Concejo asesinado, en Versalles, del Centro Democrático. Si uno se va al Pacífico y a Policarpa, Nariño, encontramos la misma disputa relacionada con los cultivos ilegales. En Arauca, el Centro Democrático y el Partido Conservador tienen dificultades para hacer campaña en el territorio, no pueden salir de los centros urbanos. Si subimos al Catatumbo, en la frontera entre Antioquia y Córdoba, la misma situación. En Sucre, cuatro candidatos a la Alcaldía fueron amenazados a través de panfletos. Entonces se encuentran en el país territorios donde se está reeditando la violencia de otra manera, no ceñida a los temas ideológicos sino relacionada directamente con las economías ilegales.

Cuando uno está en una situación crítica como esta tiene que actuar con un plan de crisis, que implica reconocer y fortalecer diferentes actores: hay comisiones de seguimiento electoral municipal que tienen que tener en cuenta la violencia política y las comisiones departamentales deben poder recoger preocupaciones y recomendaciones del nivel municipal. Si uno ve el video de la candidata, ella tenía claro cuáles eran sus problemas, qué es lo que le estaban haciendo a su campaña y cuáles los rumores que le podían generar problemas a su seguridad. Todo eso se sabe en los municipios, no en Bogotá. Y que las comisiones nacionales de seguimiento electoral estén acompañadas por las organizaciones políticas y los candidatos. Un candidato de un municipio como Corinto (Cauca) o Buga (Valle) tiene claro cuál es el contexto en el que se está dando la campaña electoral y cuáles son los riesgos que puede tener en términos de seguridad y de actos delictivos.

Ella fue clara: ‘están quitándome publicidad, no hay igualdad de garantías y tengo seguidores de otros candidatos que hacen comentarios que pueden generar falta de seguridad porque señalan que va a llevar a los paras? Y tenemos una acción de una disidencia que afecta su vida. ¿Por qué esas consideraciones de riesgo no se pueden tener de manera adecuada y en tiempo presente? Claro, la Defensoría del Pueblo lo tuvo en cuenta, hicieron reunión, le pusieron un carro de seguridad y un escolta, ¡pero es que es candidata! ¿Cuál es el contexto en el que se va a mover? Esa es la pregunta y no lo puede hacer solo un alcalde o el Gobernador, eso implica que haya toda una institucionalidad que comprenda el contexto del territorio para poder actuar. Los demás candidatos ya quedaron notificados.

No, si logramos encontrar mecanismos de seguimiento del pacto. El día del asesinato, en Popayán, con la presencia de monseñor Henao y el Defensor del Pueblo, se estaba firmando el mismo pacto que se firmó en la Casa de Nariño, pero no es suficiente si no se cuenta con el compromiso de todos los candidatos a nivel nacional y local...
Se requiere que las organizaciones políticas hagan seguimiento a cuáles son los hechos de violencia que podrían sufrir sus candidatos y también el compromiso de llamarle la atención a candidatos, simpatizantes o militantes frente a cualquier mensaje de odio, mentiroso, amenazante, irresponsable que haga frente a otros candidatos.

No es un tuiter, es que el tuiter violento legitima la acción violenta. Y es sobre eso que tenemos que trabajar con los partidos políticos, que le digan a los candidatos: afínense. Una cosa es el debate político y otra cosa generar un discurso de odio para que se legitime la eliminación del contrario político.

No, lo que encontramos no es que se esté buscando la eliminación específica de una organización política. El Partido de la U y el Liberal son los que tienen más hechos: cuatro cada uno. El Liberal, más letal, debido al asesinato de la candidata de Suárez y al del Concejo en el Cauca, pero el Centro Democrático también tuvo un asesinado en Versalles, Valle. En Oveja, Sucre, cuatro candidatos de diferentes organizaciones recibieron panfletos.

Colombia Humana también ha tenido dos hechos de violencia. Colombia Justa Libres recibió amenazas en Cartagena y el Partido Verde, también.

Vemos una relación muy compleja entre economías ilícitas y financiación de campañas. Eso es lo que encontramos hoy. Tenemos un dólar que está subiendo, entonces pueden imaginarse qué deben estar haciendo las economías ilegales que exportan, pues tienen mayor capacidad de recursos que les permiten financiar de manera ilegal candidatos o abastecerse con mayor armamento para tener un control militar de la zona.

No, la invito a que entre a Cuentas Claras y hagamos un balance, en los treinta días que llevamos de campaña electoral realmente, cuánto han informado los candidatos sobre sus campañas políticas. La presentación es indispensable para poder hacer esa verificación, los recursos que para estas campañas pueden ser financiados sobre la mesa por empresas privadas o personas naturales no son todos reportados. Pero además lo que uno ve en esta campaña electoral local, a igual que en la nacional, es que los recursos se manejan en efectivo y a los que no les interesa hacer la trazabilidad es a los grupos ilegales, pues es a la ilegalidad a la que le interesa poder comprar, no apoyar, poder político.