Este lunes 14 de abril, el Ministerio de Hacienda publicó el borrador de un decreto que propone una estrategia fiscal poco convencional para algunos economistas.
Dicha estrategia, consta de adelantar para este año el recaudo de impuestos originalmente proyectados para 2026.
La iniciativa, que modifica disposiciones clave del Decreto 1625 de 2016, busca anticipar los ingresos derivados de la retención en la fuente y de las autorretenciones del impuesto sobre la renta, con el objetivo de aliviar la presión sobre las finanzas públicas en 2025.
La medida surge como respuesta a las crecientes dificultades de liquidez que enfrenta el Estado, y busca ofrecer una salida temporal que permita al Gobierno cumplir sus metas fiscales del próximo año.
Sin embargo, el mecanismo ha generado preocupación entre diversos sectores, según expertos, por el impacto que tendría en el mediano plazo, cuando el país se enfrente a la ausencia de esos mismos recursos en 2026.
Respuesta por parte de Fenalco
El anuncio no tardó en provocar reacciones. Pues uno de los pronunciamientos más críticos fue el del presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Jaime Alberto Cabal, quien expresó su rechazo al contenido del decreto, calificándolo como una “reforma tributaria encubierta” que podría comprometer seriamente la estabilidad económica del país.
“El proyecto de decreto que pretende sacar el Ministerio de Hacienda, modificando las retefuentes de los colombianos, es básicamente meterle la mano al bolsillo. Se trata de una reforma disfrazada y descarada que lo único que va a contribuir es a elevar el déficit fiscal y romper la regla fiscal”, afirmó Cabal.
Además, señaló que los recursos que se recauden de manera anticipada no beneficiarían a largo plazo al país, sino que se destinarían exclusivamente a cubrir necesidades inmediatas del actual Gobierno.
“Sin lugar a dudas, estos recursos llegarán destinados no a beneficio de las próximas generaciones, sino, a beneficio del Gobierno”, agregó.
Efectos del proyecto
Aunque algunos analistas han reconocido que la propuesta podría facilitar el cumplimiento de los compromisos fiscales en 2025, también advierten que se trataría de una solución temporal que traslada el problema financiero al siguiente periodo presidencial.
Pues en ese escenario, el Gobierno asumiría la administración de un año fiscal sin los ingresos que ya se habrían utilizado por adelantado, lo que agravaría el riesgo de déficit y dificultaría el cumplimiento de la regla fiscal.
Por otro lado, mientras el decreto aún se encuentra en fase de borrador, las voces críticas continúan sumándose desde distintos sectores.
Pues representantes del ámbito económico y político han pedido al Gobierno evaluar con mayor detenimiento las implicaciones a futuro de la medida, y han instado al Congreso y a la ciudadanía a estar atentos a lo que podría convertirse en una nueva fuente de tensión fiscal.