El presidente de la República, Gustavo Petro, le solicitó a la Fiscalía General de la Nación, si es necesario abrir procesos por casos de Odebrech. “He ordenado a la Cancillería de Colombia utilizar todos los mecanismos de colaboración jurídica con los gobiernos de los EE.UU. y de Brasil para establecer los daños y las reparaciones que la confesión del grupo Aval genera al Estado colombiano”.
La decisión orientada por el Presidente Gustavo Petro desde su cuenta de Twitter se produce luego de conocerse, el 10 de agosto, la determinación de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos comúnmente (SEC) de “acusar al conglomerado colombiano Grupo Aval Acciones y Valores S.A., Grupo Aval S.A., y a su filial bancaria Corporación Financiera Colombiana S.A. (Corficolombiana), por violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). El Grupo Aval, cuyas acciones cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York, acordó pagar 40 millones de dólares para liquidar los cargos de la SEC”, como se señala en su comunicado de prensa.
El jefe de Estado, igualmente, le solicitó a la Fiscalía General de la Nación, si es necesario, “reabrir los casos del proceso de Odebrecht/Aval y hallar los destinatarios de los sobornos”.
En este sentido, el mandatario señaló que los ciudadanos brasileños que “incurrieron en delitos en Colombia gozan de total impunidad y Odebrecht no ha pagado un peso de las multas impuestas en Colombia”.
Señaló el Presidente, igualmente, que “los contratos entre Corficolombiana y el Estado colombiano deben ser revisados, comenzando por el contrato de estabilidad jurídica a la luz de la ley colombiana”.
Cabe recordar que ayer lunes el presidente anunció la conformación en Colombia de una comisión para la “reforma judicial compuesta por las personas que se hayan distinguido por su pulcritud en la administración de la justicia, con el fin de redactar la reforma que se presentará al Congreso de la República”, al referirse al caso de la red de corrupción en el proyecto de infraestructura la Ruta del Sol II.
“La red de corrupción en la Ruta del Sol tiene un agravante: un Fiscal General de la Nación fue el abogado de la red, previamente, y recibió una comisión de éxito por una decisión oficial que se logró a través de un soborno a funcionario público de varios millones de dólares, tal como lo denuncié en mi debate en el Senado de la República”, dijo el presidente en su cuenta de Twitter.
El jefe de Estado, recordó que en el debate siendo senador denunció el contrato de Estabilidad Jurídica firmado para beneficiar la Ruta del Sol, el cual fue propuesto por el abogado del Grupo Aval, quien después fue Fiscal General y donde, además, se movieron más de 3 millones de dólares para pagar coimas y ser aprobado.
¿Qué pasó con el Grupo Aval y Corficolombiana?
Vale la pena mencionar que la Securities and Exchange Commission (SEC, por sus siglas en inglés) multó por un valor de 40 millones de dólares, al conglomerado colombiano Grupo Aval Acciones y Valores SA, y a su filial bancaria, Corporación Financiera Colombiana SA (Corficolombiana), por violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).
Según la orden emitida por la comisión de bolsa de valores de Estados Unidos, Corficolombiana y un socio de empresa conjunta ganaron un contrato del gobierno colombiano para un proyecto de infraestructura de la ruta del Sol II.
La irregularidad consiste en que Corficolombiana, a través de su expresidente José Elías Melo Acosta, sobornó a funcionarios del gobierno colombiano para obtener una extensión del contrato. Al menos $28 millones en pagos ilícitos se pagaron con el conocimiento, aprobación y asistencia del expresidente de Corficolombiana.
El comunicado agrega: “Corficolombiana también acordó celebrar un acuerdo de enjuiciamiento diferido con el Departamento de Justicia de EE. UU. y pagar más de $ 20 millones para resolver cargos penales”.
De acuerdo con la orden de la SEC, Corficolombiana causó las violaciones de Grupo Aval y otorgó a Grupo Aval un beneficio financiero indebido por un total de aproximadamente $32 millones.
“Los entornos de control laxos son un terreno fértil para las travesuras, como se ilustra aquí, donde los sobornos se financiaron a través de pagos realizados por facturas que carecían de documentación de respaldo y contratos por servicios vagamente descritos que generalmente se manejan internamente en lugar de terceros”, dijo Charles Cain, Jefe de Unidad FCPA de la SEC.
El comunicado también señala que “Corficolombiana también acordó celebrar un acuerdo de enjuiciamiento diferido con el Departamento de Justicia de EE. UU. y pagar más de $20 millones para resolver cargos penales”.
Grupo Aval y Corficolombiana dieron su consentimiento a una orden de cese y desistimiento y encontraron que violaron las disposiciones contables y, en el caso de Corficolombiana, las disposiciones antisoborno de la FCPA. Al determinar aceptar la oferta, la SEC consideró la cooperación y remediación de Grupo Aval, señala el comunicado.
Tras conocerse la decisión, el Grupo Aval emitió un comunicado asegurando que “reconocen y aceptan su responsabilidad, bajo la ley estadounidense, por la conducta del exejecutivo de Corficolombiana”.