"Es normal sentirse abrumado ante una situación como la que vive el país, pero los mandatarios fueron electos para gobernar y administrar la crisis. Llegaron a sus cargos demostrando capacidades y liderazgos que hoy, cuando los colombianos más las necesitan, no pueden desaparecer”.

Con estas palabras, la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, conminó a alcaldes y gobernadores del país “a que cumplan sus funciones”, en medio de la crisis originada por el paro que inició el pasado 28 de abril.

Sin embargo, se abstuvo de dar nombres, “porque todos los servidores tienen derechos y garantías y soy garante de ellas”.

La funcionaria valoró positivamente que los voceros del paro “hayan desautorizado los bloqueos”, que “ponen en riesgo de colapsar toda la economía y el presente y el futuro del país”.

Sobre estos temas y la reforma del Código Disciplinario que avanza en el Congreso, la titular del Ministerio Público habló con El País.

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Ya va más de un mes de manifestaciones en el país sin que el Gobierno y el Comité Nacional del Paro hayan empezado a negociar los temas que dieron lugar a las protestas. ¿Por qué cree que se ha demorado tanto esa antesala?
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La Procuraduría General ha invitado al dialogo y la concertación en forma permanente. Nuestra misión es viabilizar esos acercamientos, ayudar a desactivar la posible desconfianza reciproca y acompañar a las partes durante las conversaciones para que estas fluyan de forma efectiva. Valoramos como positivo que los voceros del paro hayan desautorizado los bloqueos. Situaciones anormales como esas entorpecían obviamente la dinámica de una mesa de negociación.

A propósito de las protestas, usted dijo en una columna que “no podemos dar el vergonzoso espectáculo de ver a algunos mandatarios confundidos, inactivos, perplejos y aparentemente derrotados por la criminalidad”. ¿Se refería a alguien en particular?
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Mi columna, más que un llamado particular, ha sido general a que todos y cada uno de los mandatarios del país sigan asumiendo las responsabilidades que les corresponden con total entereza, coraje y sobre todo sabiendo que de ella dependen el presente y el futuro de sus territorios y muchas vidas. Es normal sentirse abrumado ante una situación como la que vive el país, pero los mandatarios fueron electos para gobernar y administrar la crisis. Llegaron a sus cargos demostrando capacidades y liderazgos que hoy, cuando los colombianos más las necesitan, no pueden desaparecer. Mi llamado fue a todos los alcaldes y gobernadores y extensivo a todos los funcionarios públicos para que cumplan sus funciones. No puede haber espacio para la inactividad, el miedo y la desesperanza. Hoy, más que nunca, el país, la ciudadanía, nos requiere activos, empáticos, diligentes y más asertivos que nunca.

A propósito, hay una discusión intensa entre quienes aseguran que los bloqueos son ilegales y los que los justifican como vía para que el país escuche a quienes los hacen. ¿Cuál es la posición del Ministerio Público al respecto?
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Válidas todas las manifestaciones y expresiones populares. Es deber de la Procuraduría proteger el derecho a la protesta y así lo estamos haciendo, pero los bloqueos, como los actos vandálicos, vulneran los derechos de otras personas cuando ponen en peligro cientos de vidas, atentan contra el derecho a la salud, la seguridad alimentaria, el trabajo, la educación, la libre circulación y, en general, ponen en riesgo de colapsar toda la economía y el presente y el futuro del país. Allí no hay lugar a dudas.

En el caso concreto de Cali, hay quienes han pedido investigar al alcalde Jorge Iván Ospina por no haber ordenado el desmonte de esos bloqueos hace semanas. ¿Qué les responde?
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La Procuraduría General de la Nación, abrió indagación preliminar contra el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, debido a que presuntamente no ha cumplido con su función pública en la garantía de los derechos del resto de la población que no hace parte de las protestas, quienes se han visto afectados por los bloqueos, saqueos y desmanes sobre bienes públicos y privados.

¿Y cuándo se tendrían los resultados de esa indagación?

Avanzamos en el recaudo del material probatorio y se tomarán las decisiones que correspondan.

Es que, ya que hablamos de él, la Procuraduría de Fernando Carrillo anunció en enero el inicio de varias indagaciones ante múltiples denuncias por posibles sobrecostos de la Alcaldía en la Feria de Cali Virtual y el alumbrado navideño. ¿Qué nos puede informar sobre esos procesos?

Estamos evaluando la decisión a tomar para determinar la responsabilidad en la suscripción de esos contratos del alumbrado navideño y móvil de Cali, la feria virtual y la construcción de 46 palcos.

Es consciente de que mucha gente opina que no vale la pena denunciar porque esos procesos, además de demorados, no terminan en nada...

Denunciar siempre será, además de un derecho, una obligación de todo buen ciudadano; solo a través de una ciudadanía activa, y por medio de la denuncia, se pueden evidenciar las faltas y corregirlas, investigar a quien se debe y sancionar a quien lo merezca. Yo quiero enviar un mensaje de confianza a los colombianos, de transparencia y de compromiso de una Procuraduría que debe dar resultados, como una forma de reestablecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones y, especialmente, en la Procuraduría, que tiene en esa ciudadanía su razón de ser. Descongestionar para agilizar los trámites es una de mis prioridades.

Pasando a otro tema, las comisiones primeras de Senado y Cámara aprobaron la reforma al Código Disciplinario. ¿Cuál es el propósito de modificarlo?

Son principalmente cuatro: Primero, cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Petro. Segundo, evitar que aquellos procesos que actualmente se adelantan prescriban, es decir, evitar la impunidad. Tercero, desmontar la plena oralidad para lograr que Procuraduría, personerías y oficinas de control interno puedan cumplir la función disciplinaria asignada y cuarto, ampliar las garantías para los disciplinados. Así, por ejemplo, se elimina la única instancia, se regula el recurso de doble conformidad y se divide la etapa de instrucción y juzgamiento.

Algunos congresistas han denunciado que esa reglamentación implicaría más cargos en la Procuraduría y un blindaje para los miembros del Ministerio Público, ¿qué responde?

Brindar mayores garantías a los funcionarios investigados a través de la división de la etapa de instrucción y juzgamiento requiere pensar en una reorganización de la Procuraduría y luego del análisis en crear algunos cargos. Sin embargo, no es verdad que sean miles, como se ha querido hacer ver, y tampoco que estos vayan a ser cargos burocráticos. El proceso se adelantaría por meritocracia y acorde a la actual y difícil situación que vive el país. Será la Función Pública quien, de llegar a aprobarse este punto, realice los estudios necesarios y apropiados y nos diga cuántos serán, pero en ningún caso serán cercanos a lo que hoy afirman quienes están interesados en que este proyecto fracase.

Otra de las polémicas de esta semana corrió por cuenta de algunos legisladores que aseguraron que la Procuraduría inició investigaciones en su contra para que no pudieran votar esta reforma. ¿Qué tiene que decir al respecto?

La Procuraduría tiene el deber, y lo cumple, de atender todas las denuncias que interponen sobre posibles infracciones, sin entrar a revisar si corresponden a congresistas de un partido u otro, a cualquier funcionario o quién las formula. Quienes hoy lanzan este tipo de acusaciones están equivocados o los han inducido al error o buscan generar un mal ambiente, pero basta con revisar las 154 acciones disciplinarias que hemos iniciado en el marco de estas manifestaciones para entender que esta es una Procuraduría transparente y eficiente y alejada de cualquier interés particular. Aquí no hay otra intención que aquella de cumplir con nuestros deberes y obligaciones.

El Consejo de Estado acaba de negar tres demandas que buscaban tumbar su nombramiento. ¿Cree que esas decisiones serán suficientes para que desde algunos sectores no se siga censurando su cercanía con el Gobierno del presidente Iván Duque?

Soy consciente de que hay sectores interesados en generar la sensación de que esta es una Procuraduría orientada y que carece de independencia, sin embargo, mi hoja de vida y en especial mis actuaciones demuestran la transparencia y la rectitud de mis acciones. Eso no ha cambiado y no va a cambiar nunca.

Trabajamos con independencia y en función de los ciudadanos, eso sí con sentido de institucionalidad y articulados para que los resultados sean los que los colombianos requieren.

En el Congreso

“Hoy hay impunidad en el país frente a los funcionarios públicos y en especial frente a los funcionarios públicos de elección popular. Esta reforma permitirá retomar el curso y evitar que prescriban más de 10.000 procesos”, manifestó ante el Congreso Margarita Cabello Blanco, procuradora general de la Nación, tras la aprobación del proyecto de ley de reforma al Código Disciplinario.

Explicó que la iniciativa aumenta las garantías que deben tener los funcionarios de elección popular al momento de ser juzgados, respondiendo así, a la exigencia de la CIDH, en la sentencia del 8 de julio de 2020, en la que condenó al Estado colombiano por la sanción de destitución e inhabilidad impuesta al entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.